Industria será el primero en cobrar de Alcoa (esta es la cantidad que ingresará uno de los mayores acreedores de la fábrica de aluminio de Avilés)

El Ministerio de Industria, con 10 millones de euros, es el mayor acreedor de la empresa Alu Ibérica, que cerró esta semana la operación de venta de sus naves de la fábrica de San Balandrán a la compañía Windar Renovables por 20 millones. La Tesorería General de la Seguridad Social reclama a la antigua Alcoa más de 1,8 millones. Esto no quiere decir, sin embargo, que las dos administraciones públicas vayan a cobrar todo de manera inmediata de los administradores concursales. Y esto es así porque la ley determina una prelación en los abonos que corresponden.

Se da la circunstancia, por ejemplo, que sólo una parte de lo que se debe a Industria –en torno al 50%– está vinculado a lo que técnicamente se llama "créditos de privilegio especial", es decir, los que están más arriba de la lista de acreedores. O sea, que, de manera inmediata sólo va a cobrar en torno a cinco millones. Buena parte de esta deuda guarda relación con la no justificación de subvenciones relacionadas con la emisión de dióxido de carbono.

La mayor parte de esta deuda la generaron los propietarios de la antigua aluminera, mayormente, Víctor Rubén Domenech, por otro nombre, David Domenech, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto autor de los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores, estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, fraude en las subvenciones y blanqueo de capitales.

Los administradores concursales de Alu Ibérica cerraron la compraventa de las instalaciones fabriles de San Balandrán este pasado lunes con Windar Renovables, que ha ingresado en las cuentas de la sociedad en concurso de acreedores poco más de veinte millones de euros. Con este dinero en caja lo que tienen previsto Miguel Gómez Gordillo y GdP Concursal –los dos despachos encargados de materializar el concurso de acreedores, es decir, de convertir en dinero cualquier aspecto relacionado con Alu Ibérica– es abonar "en pocas semanas" las deudas más urgentes: los "especiales" y los "créditos contra la masa". Estos últimos son los que se han generado desde que se produjo el cambio en la administración de la compañía, es decir, desde que la Audiencia Nacional destituyó a los dueños de Alu Ibérica al abrir una investigación a propósito del presunto "saqueo" llevado a cabo por ellos mismos, según se desprende de la instrucción del caso.

Los créditos contra la masa alcanzan una cifra cercana a cinco millones de euros. Los créditos privilegiados, esto es, las deudas contraídas con las distintas administraciones públicas, van por nueve millones. Es decir, la suma de las primeras deudas y las segundas dejan un montante de algo más de trece millones. Con el ingreso de los más de veinte millones de euros que llegaron de Windar, los acreedores principales podrán salir de la lista principal.

Sin embargo, esto no quiere decir que la crisis atribuida al período en que la dirección de Alu Ibérica estuvo en manos de los últimos dueños de la compañía se haya saldado. Los administradores concursales cuentan con casi nueve millones de euros que van a tener que emplear en el abono de nuevas deudas (el montante final supera los cuarenta millones). Esa decisión aún no se ha determinado.

El segundo acreedor principal de Alu Ibérica, la Tesorería General de la Seguridad Social, reclama 1,8 millones de euros. El Principado, a través de su Servicio Tributario, reclama más de medio millón de euros. La mayoría de este dinero está vinculado a los créditos ordinarios privilegiados (son distintos impuestos: IBI e IAE impagados).

Sucede, sin embargo, que la empresa Alu Ibérica tiene pendiente de resolución del orden de una treintena de pleitos sociales correspondientes a otras tantas reclamaciones de extrabajadores que buscan beneficiarse de las mismas condiciones que tuvieron los trabajadores que fueron despedidos por medio de un expediente de extinción de contratos.

Algo semejante sucede con la reclamación de la empresa Traxys Europe contra las dos Alu Ibérica (la de Avilés y la de La Coruña) en Luxemburgo.

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