Se buscan 65.000 euros: el Tribunal de Cuentas investiga a un exconcejal de Vox

El exconcejal de Vox en Castrillón Alberto García Hevia debe 65.000 euros a los abogados de las partes a las que acusó en el conocido como "Caso Ferrota", ya archivado. Como no ha pagado, el Tribunal de Cuentas ha ordenado que se pongan en marcha "las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta la completa satisfacción del principal, intereses y costas que correspondan, previa su liquidación y tasación, ratificándose las medidas de aseguramiento que hasta la fecha hayan sido realizadas"; o sea, ha ordenado buscar el dinero correspondiente para que se puedan satisfacer las costas legales (las tarifas de los abogados de los concejales de IU, del PSOE, de Podemos y funcionarios de habilitación nacional a los que había acusado de haber permitido sobrecostes en el campo del Hispano, circunstancia que el Tribunal de Cuentas rechazó).

Según ha podido saber este periódico, los acusados por el exedil de Vox esperaron a que terminara el plazo indicado para poder cobrar las costas. Visto que no cumplía, ordenaron la ejecución de la sentencia; es decir, ordenaron que se cumpliera lo dictado.

Alberto García Hevia aseguró que había encontrado desvíos millonarios en las obras del campo de Ferrota. Esta circunstancia la denunció ante el Tribunal de Cuentas de "manera temeraria" y "sólo por razones políticas". No hubo juicio porque Hevia se bajó en el último minuto. Pidió entonces no ser condenado a costas, pero finalmente tuvo que asumir los 65.000 euros que busca ahora el Tribunal de Cuentas.

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