Me cogió por sorpresa, como a un torero una cornada, la noticia de que cada vez hay más sentencias de divorcio en las que el juez no solo determina quién se queda con el perro o el gato si no que establece la custodia compartida, la pensión alimenticia y un régimen de visitas. Quiere decirse que los jueces, cuando el amor se acaba y cada cónyuge se va por su lado, consideran que si hay, de por medio, un perro o un gato no procede repartirlos como si fueran una cómoda o un armario. Además de los hijos en común, los cónyuges tienen la obligación de identificar, ante el Tribunal, si también tienen una mascota a su cargo. De modo que es el juez, en caso de litigio, quien decide el futuro de los animales tal y como haría con los hijos: tomando en cuenta su bienestar y lo mejor para ellos.
Me parece perfecto. Sobre todo teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística, en España se firman un total de 105.893 sentencias de divorcio al año y que en el 49,3% de los hogares españoles hay una mascota. Lo cual se traduce en que, anualmente, tenemos nada menos que 51.887 animales cuyo futuro es incierto por las separaciones y los divorcios.
No sé si tendrían en cuenta este detalle pero, el pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para cambiar el Código Civil y que los animales dejen de ser "cosas" para convertirse en "seres vivos dotados de sensibilidad". Un avance que aún nos deja lejos de otros países como puede ser Portugal. En Portugal, aunque los animales siguen estando sujetos al derecho de propiedad, adquieren un reconocimiento especial que les sitúa entre los objetos y los seres humanos. A efectos prácticos se les da una protección especial. Según el nuevo estatuto, los dueños de animales tienen la obligación de velar por su bienestar y evitar infligir dolor, o cualquier otro maltrato, que derive en un sufrimiento injustificado.
Aquí no. En España, pese a los esfuerzos por reforzar la legislación vigente, sigue habiendo incongruencias en los textos legales que rigen el bienestar de los animales. Los expertos señalan que las leyes actuales están escritas de tal manera que su aplicación efectiva es complicada.
Debe serlo porque parece una incongruencia que, en caso de divorcio, los jueces consideren que los animales dejan de ser cosas para convertirse en seres vivos dotados de sensibilidad y, al mismo tiempo, no se ponga ningún reparo a que se sigan celebrando las corridas de toros, los encierros y los toros embolaos. No soy amigo de las prohibiciones pero parece contradictorio que un juez dicte un régimen de visitas para que un perro no sufra y permita ciertos festejos donde los animales son maltratados.
Queda mucho por hacer en este sentido. Tendrán que pasar muchos años hasta que, en los encierros de San Fermín, sean los mozos los que salgan del corral y los morlacos los que se dediquen a perseguirlos, con un periódico atado al rabo y los cuernos dispuestos por si se desvían de los cabestros. A lo mejor era más divertido. Sobre todo teniendo en cuenta que según la Estadística del Ministerio de Cultura, el año pasado se celebraron en España 16.383 festejos taurinos. Ahí es nada la cantidad de animales. En los dos sentidos.
