A mí también me ha decepcionado la nueva ley de enseñanza de la ministra Isabel Celaá. Pienso que ha sido otra oportunidad perdida para acabar con los privilegios de la escuela concertada y suprimir las subvenciones a los centros tutelados por la iglesia católica, que siguen y seguirán gozando del mismo trato de favor que tenían cuando el franquismo.
La decepción ha sido todavía mayor después de comprobar que España es el país de la Unión Europea con menos porcentaje de alumnos en centros públicos. Aquí apenas llegamos al 67%, mientras que la media en Europa es el 81% y hay países como Francia donde la escuela pública, y laica, acoge al 85% del alumnado total.
Así las cosas, viendo como estamos y como están en Europa, y que, a pesar de todo, hace un par de domingos salieron en procesión un buen número de coches repletos de globos, lazos naranja y monjitas gritando libertad, a mí también me entraron las ganas de salir a la calle y contramanifestarme al grito de quiero una enseñanza pública para todos que cumpla ciertas premisas fundamentales, como la igualdad, el respeto mutuo y la no discriminación por razón del poder adquisitivo o el estatus social. Una escuela democrática, independiente del poder adquisitivo o el pedigrí de las familias, en la que los niños y los jóvenes tengan derecho a formarse como ciudadanos libres y acabar siendo lo que realmente quieran y no lo que les impongan sus padres.
Pedir libertad en la enseñanza es pedir eso y no lo que están pidiendo quienes tienen la desfachatez de gritar libertad al tiempo que ignoran, de forma interesada, que en la escuela pública, al contrario que en la privada, no se adoctrina. La escuela pública es un espacio libre, sometido a la ley y sin privilegios, en el que los docentes imparten los contenidos curriculares con verdadera libertad de cátedra. Cosa que no ocurre en los centros privados o concertados, donde los profesores tienen que someterse a los dictados ideológicos del dueño del centro, que es quien les contrata y les paga, aunque sea con dinero público.
Por eso, nunca mejor dicho aquello de que cae antes un mentiroso que un cojo. Quienes ahora gritan libertad y se oponen a la nueva ley no lo hacen porque les importe la calidad de la enseñanza, lo hacen por un interés que ocultan con mucho cinismo. Unos para defender el negocio de la concertada y otros para no perder el privilegio de mandar a sus hijos, por poco dinero, a escuelas que se diferencian de la pública porque no tienen inmigrantes, ni pobres que no puedan pagar las cuotas de actividades complementarias, ni niños que no superen los filtros que imponga el centro.
La verdad es la verdad y lo demás son milongas para quien quiera escucharlas. Resulta cuando menos curioso que siempre que gobierna la izquierda la derecha salga con el cuento de que la escuela pública es una institución que adoctrina. No es casualidad tampoco que traten de liarla confundiendo la libertad de todos, la ciudadana, con una supuesta libertad que se sacan de la manga para defender que ciertos padres tengan derecho a mandar a sus hijos a un colegio privado subvencionado con dinero público.
Pueden estar tranquilos, por desgracia la ley Celaá decepciona. Es otra oportunidad perdida que no modifica, apenas, la enseñanza que tenemos.
