Acaba de darse a conocer el dictamen de la sala primera del Tribunal Supremo en el recurso de casación interpuesto por la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" de Avilés, que resuelve la demanda presentada por ésta contra varios consejeros y exconsejeros de Nueva Rula de Aviles, S. A. pidiendo fuesen condenados a satisfacer la cantidad de 1.141.236,91 euros.
Sentencias previas del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (sentencia 200/17 de 30 de octubre) y de la sección primera de la Audiencia Provincial de Oviedo (sentencia 205/2018 de 11 de mayo) habían ya absuelto a los demandados de todas las pretensiones de la demandante, a quien, además, le habían impuesto las costas.
El resumen breve del asunto, de nulo interés para el sector pesquero avilesino, es el fallo sobre la desleal denuncia presentada por la actora -la antedicha cofradía y sus eximios gestores- contra el resto de los miembros del consejo de administración de la sociedad Nueva Rula de Aviles, S. A., a los que acusaba de oscuros manejos con sus fondos, manejos que involucraban -nada menos- que a gran parte de los armadores de este puerto pesquero.
Como las sentencias son públicas, no merece la pena extenderse más en este asunto que tiene como identificación la 3424/2018, para solaz de los interesados en asuntos legales.
Lo que sí es de interés para el público en general -y más para los avilesinos, relacionados o no, como el sector pesquero- es conocer que éste debería ser, sin duda, el último episodio de estos gestores que disparan con pólvora del rey contra todo aquel organismo (Autoridad Portuaria, Principado de Asturias, Federación de Cofradías de Pescadores del Principado) que se opone a sus tejemanejes.
La situación de la cofradía de pescadores virgen de las mareas es extremadamente extraña. Teóricamente, hay un cabildo sin armadores ni pescadores; es decir: no hay órgano de gestión, a lo más, una o dos personas que lo manipulan todo. También hay una gestión patrimonial totalmente opaca: se está vendiendo patrimonio sin conocer valoraciones, importe de las ventas ni compradores; hay continuos problemas con los inquilinos de las viviendas del Nodo; deudas con las comunidades de propietarios por no afrontar sus obligaciones como propietario; expulsión de socios alegando la comisión de actos contra la cofradía. En definitiva, opacidad total en la gestión y ausencia de órganos de gestión y control.
¿Nos vamos a seguir creyendo que al frente de la Cofradía está el patrón mayor? ¿Vamos a seguir creyendo que existe un cabildo? ¿Vamos a seguir permitiendo que el patrimonio de la Cofradía se siga diluyendo sin ningún control? ¿Quién puede estar cobrando un salario como secretario para hacer qué tareas?.
Son demasiadas preguntas como para que las autoridades a las que les corresponde la vigilancia y el control de legalidad de las corporaciones pesqueras empiecen a considerar seriamente la necesidad de intervenir en los manejos de esta corporación de Derecho Público que, a la vista de todo lo que está sucediendo, ha tocado fondo.
