En Avilés se ha generado una fuerte controversia política en torno a la propuesta socialista de subir un 10,6% los recibos del agua y el alcantarillado. En ese contexto, el portavoz del gobierno, Manuel Campa, ha acusado a Cambia Avilés de mentir y de ser "la heredera de la insolvencia política de la peor Izquierda Unida". Un ejemplo más de la mala conciencia del PSOE avilesino, el más neoliberal de Asturias.
Descalificar a quienes, desde la izquierda, rechazamos la privatización de un bien de primera necesidad como el agua está completamente fuera de lugar. En el propio Programa Marco Municipal Socialista figura que "el agua es el mejor ejemplo de la necesidad de un compromiso con la titularidad y la gestión directa de los servicios públicos".
En Izquierda Unida de Avilés no engañamos a nadie, siempre hemos sido coherentes en la defensa de los intereses de las clases populares, por eso nos opusimos y nos oponemos a la gestión privada del agua. También somos gente honesta; nuestros concejales, a diferencia de otros, ni han sido condenados en la trama del agua por falsedad documental y cohecho, ni han exigido comisiones, ni han recibido maletines en sidrerías, ni tampoco se les ha reformado el piso o se les ha encontrado fajos de billetes en la cisterna de casa.
Cuando todas las instituciones, de Bruselas a Madrid, apuestan por intervenir el mercado para limitar los beneficios empresariales y ayudar a familias y empresas frente a la crisis, resulta un despropósito que en Avilés se esté maniobrando para dedicar los impuestos de los avilesinos a multiplicar los beneficios del oligopolio del agua, o lo que es lo mismo, a hacer más ricos a los ricos.
Teníamos razón quienes en 2008 nos oponíamos, en el seno del gobierno y en la calle, a la privatización; ha quedado más que demostrado el pelotazo económico que dio la multinacional francesa Aquagest al hacerse con la concesión de nuestra agua. No hay mayor chollo que comprar para 25 años la gestión de un servicio público esencial en el que no existe la competencia y el consumo está garantizado, máxime cuando se logra engañar al gobierno municipal para blindar unos beneficios desmesurados en el contrato.
La abultada deuda de 20 millones de euros que merecidamente reivindica el gobierno municipal demuestra que en Avilés se ha firmado el contrato de privatización más ruinoso para las arcas públicas de toda España. Un auténtico cheque en blanco en el que todo son beneficios para la multinacional y todo son obligaciones para el Ayuntamiento. Tal es la insensatez de lo firmado que, al igual que ya nos ocurrió con la pandemia, si nuestra ciudad sufriera un terremoto que destrozase todas las conducciones de agua, de acuerdo con el artículo 23 del contrato, la empresa tendría derecho a reclamarnos el lucro cesante que le provocaría la catástrofe.
Todos los ayuntamientos importantes de Asturias como Gijón, Siero, Oviedo y Mieres, con alcaldías del PSOE, PP e IU, independientemente de la gestión pública o privada de su servicio de aguas, han optado por congelar sus recibos en 2023. Avilés no puede ser la excepción; nuestras clases medias y trabajadoras también lo están pasando mal y tienen el mismo derecho a beneficiarse de un gesto solidario de contención fiscal.
Antes los piratas llevaban pata de palo, ahora se sientan en los consejos de administración de empresas de la energía, la banca o el agua. Las multinacionales no están dispuestas a rebajar sus astronómicos beneficios para contribuir a que las personas puedan llegar a fin de mes. Pero lo que para Izquierda Unida es el mayor ejemplo de insolvencia política, es que esa minoría de privilegiados, que sólo buscan lucrarse a costa de la ciudadanía, cuenten, en Avilés, con la complicidad del gobierno municipal socialista.
