Rabanal reconoce que las obras en Perlora comenzarán, como pronto, en el otoño de 2009

Oviedo,

Braulio FERNÁNDEZ

Las obras de la Ciudad de Vacaciones de Perlora (Carreño), antiguo referente del turismo social asturiano y antaño uno de los principales motores económicos del concejo, comenzarán en un plazo «nunca inferior a los catorce meses», tal como admitió ayer el Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal, en su comparecencia en la Junta General del Principado. Estaba previsto que los trabajos se iniciasen antes del verano.

Esta comparecencia se realizó a petición del PP, y tenía como objetivo aclarar el estado en el que se encuentra el proyecto para la creación de un complejo turístico a gran escala en Perlora, después de conocerse -según publicó LA NUEVA ESPAÑA-, los retrasos en la constitución de la sociedad -ahora ya creada- que desarrollará el proyecto y la necesidad de hacer cambios en el planeamiento urbanístico de Carreño. El consejero de Economía pasó por alto, no obstante, la consulta realizada por el Grupo parlamentario Popular sobre la situación económica de las empresas de la sociedad de Perlora.

Rabanal habló de las cuestiones que más preocupación han generado en las últimas semanas, tras conocerse los retrasos del comienzo de las obras, y señaló que se plantearán dudas sobre la solvencia económica de las empresas participantes en el proyecto. Por un lado, confirmó que el comienzo de las obras estará sujeto a la aprobación final de las nuevas normas urbanísticas de Carreño, que se encuentran en una fase inicial de su tramitación, por lo que, según dijo, «las obras comenzarán en un período nunca inferior a los catorce meses». Es decir, en el otoño de 2009.

Por otro, desestimó la posibilidad de que la solvencia económica de las empresas pueda ser puesta en duda, ya que, según dijo, les fue exigido a todas ellas acreditar su solvencia económico- financiera. También hizo referencia a la participación de las cinco empresas y la persona física en la sociedad anónima recién constituida, y que reserva un 20 por ciento de su accionariado a la Administración regional.

Según indicó, ninguna de las empresas supera el 20 por ciento de participación. En el caso de Diseños Inmobiliarios Urbanita -sobre la que el Partido Popular arrojó dudas acerca de su solvencia económica-, la participación asciende a un 10 por ciento, más otro porcentaje similar que tiene su administrador único y adjudicatario, además, por cuenta propia, Manuel Ángel Menéndez Martínez.

El Partido Popular dirigió sus criticas hacia ambas cuestiones: la solvencia económica de las empresas y el retraso en el comienzo de las obras debido a la no previsión de la necesidad de reforma del planeamiento urbano de Carreño para dar viabilidad a las obras comprometidas. Para los conservadores, en el asunto de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, hay muchas «cosas sombrías que no son entendibles», en palabras del diputado José Agustín Cuervas-Mons.

Sus críticas se apoyan en que en el concurso para acometer el proyecto de Perlora sólo hubo una única oferta, la elegida. Además, el PP ve sospechoso que el administrador de Urbanita sea, además, miembro de la sociedad y tenga participación individual.

Cuervas-Mons fue más allá y en plena comparecencia mostró un anuncio publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA referente a una posible reclamación judicial contra Urbanita. El diputado popular recordó al Consejero que es la segunda vez en el mes de abril que se publica un anuncio similar. «Con esto quedan justificadas mis dudas sobre la solvencia económica de alguna de las empresas del proyecto», dijo Cuervas-Mons.

En concreto, el contenido del anuncio recoge lo siguiente: «Deseaba contactar con compradores de las viviendas y parcelas de la estación de esquí en San Isidro (León) promovidas y comercializadas por Diseños Inmobiliarios Urbanita, S. L., y Ski Golf Resort, S. A., para agrupar y presentar reclamación judicial».

Jaime Rabanal reiteró lo dicho sobre la exigencia a las empresas, a la hora de adjudicarles el proyecto, de que dieran cuenta de su situación económica, si bien el Consejero eludió referirse a la reclamación judicial contra Urbanita de la que había hablado el PP. «En octubre eran solventes. El resto son asuntos que competen a la vida particular de cada una de ellas», remató el Consejero.

El PP preguntó también por qué ahora el Principado afirma que es necesario modificar el plan urbano de Carreño para acometer el proyecto de Perlora, cuando en el pliego de condiciones figura que es el proyecto el que ha de ajustarse a las condiciones urbanísticas de la parcela. Por este motivo, para los populares, se ha cometido una irregularidad. Cuervas-Mons añadió que «sin querer ser agoreros, este asunto huele muy mal, no se van a cumplir los plazos, la Consejería no remediará la situación, y tendrán que volver a comparecer para dar nuevas explicaciones en el futuro».

Por parte de Izquierda Unida, el diputado y coordinador general, Jesús Iglesias, mostró su preocupación por que además de todos los problemas descritos pudiera haber otros más. Iglesias advirtió de que los grupos políticos de Carreño se han de poner de acuerdo para aprobar el nuevo plan urbano. El diputado de IU señaló que, de no ser así, la falta de acuerdo podría dar al traste con el proyecto de Perlora.

Jesús Iglesias salió en defensa de la actuación del gobierno local de Carreño (PSOE e IU). «No tendrá ninguna responsabilidad por posibles retrasos». Jaime Rabanal asumió que esa circunstancia era posible.

Destacados:

Rabanal: "En octubre las empresas eran solventes, otras consideraciones actuales competen a la vida particular de cada una de ellas".

Cuervas Mons: "No entendemos que se modifiquen las condiciones del concurso una vez finalizado y adjudicado".

Iglesias: "Existe la posibilidad de que sea rechazada la reforma del PGOU de Carreño y el proyecto de Perlora no vea la luz".