La oposición de Noreña denuncia los excesos en partidas de protocolo

Los portavoces del PSOE, PP e IU en el Ayuntamiento de Noreña, Unai Díaz, Marian Velasco y René Cobiella, respectivamente, han denunciando lo que consideran un exceso en los gastos de protocolo, un "despilfarro" y una "pésima gestión" de los recursos municipales.

En la última sesión plenaria, el equipo de gobierno de IPÑ aprobó, gracias a los votos de Conceyu Abiertu por Noreña y Foro Asturias, un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a proveedores facturas de los años 2016, 2017 y 2018 que no tenían consignación presupuestaria.

La oposición no ve bien que se utilice el reconocimiento extrajudicial -una figura prevista para casos excepcionales- para sufragar gastos que no se debieron acometer en su momento. Porque de la cantidad final aprobada para el reconocimiento, 28.350,60 euros, aseguran que más del 80 por ciento se destina a gastos de protocolo, fundamentalmente a "comidas y gastos banales".

Los partidos critican el hecho de que se hayan tenido que aprobar todas las facturas en bloque, con lo cual no ha lugar a diferenciar entre las que consideran aceptables y las que no lo son.

Entre los gastos que han criticado, se cuentan los que se dedicaron a la inauguración de la ampliación de las dependencias de Asincar. Según la oposición, los actos tuvieron un coste total de en torno a los 8.000 euros. En el reconocimiento extrajudicial aparece una partida de 1.754 euros con la que se financia parte del acto.

Por otra parte, los ediles de la oposición señalaron que, hasta ahora, Noreña invitaba a las comidas institucionales solamente a los representantes de la Mancomunidad del Nora, pero ahora invita "indiscriminadamente a alcaldes de todas partes". En una comida reciente "hubo más de veinte comensales y no invitaron a la oposición".

Por último, señalaron que Noreña ha superado con creces la previsión de gasto para protocolo consignada en el presupuesto de 2017, que era de 10.000 euros. A finales de año, el gasto ascendía a 11.600 euros, y los representantes de la oposición aseguran que actualmente ya está por encima de los 20.000 euros.