Nadie duda que la aplicación del estado de alarma el 14 del pasado marzo era de estricta necesidad. Era la única medida disponible para abordar el problema de la pandemia. Los quince días que el decreto, con acuerdo del Consejo de Ministros, determina, según la Constitución, eran una prioridad. Otra cosa es la extensión de dicho estado en ilimitadas prórrogas. Ningún ciudadano duda que el problema del covid-19 lo es de todos. Por ello, lo más racional hubiese sido que tras la declaración del estado de alarma todos los parlamentarios se hubiesen puesto el mono de trabajo para legislar un protocolo de acción ante la pandemia. Esa actitud democrática hubiese tenido el respaldo de toda la ciudadanía. Cuando se ven las protestas sobre la gestión del Gobierno, hay quien interpreta que son contra la cuarentena y los procedimientos de desescalada, pero no: son contra el encastillarse en mantener el estado de alarma sin buscar otras vías legislativas consensuadas que permitan intervenir específicamente en esta situación. Por ejemplo, en estado de alarma se podrían hacer requisas de bienes o imponer obligatoriamente tareas y hasta ocupar todo salvo domicilios. ¿Que no lo van a hacer? Seguro. Pero una democracia madura no debe conceder a los gobiernos más poder que el necesario, por si acaso. Y la culpa es de todos ellos, aunque sea el Gobierno el "primus inter pares". Estaban demasiado ocupados en mantener sus sueldo y hacerse PCR por si acaso.
