Quienes apoyan la instalación de una nueva central térmica en Langreo justifican su posición con el argumento de que la instalación de esta central se hará en un marco de emisiones muy inferior al actual, pero lo que no tiene en cuenta es que, si bien el dato es cierto, no hay ninguna duda de que la instalación de este nuevo grupo térmico, de llegar a producirse, se haría en un marco de emisiones muy diferente del actual; esa disminución de emisiones, incluso añadiendo las del nuevo grupo, no se deberá a la instalación de la nueva planta, sino al altísimo nivel de emisiones que existe en la actualidad, situación que es inadmisible tras la aprobación de «nuevas» normativas ambientales, normativas que han de aplicarse, tanto si se instala el nuevo grupo como si no.

En estos momentos, los dos grupos térmicos de Lada están emitiendo más de 20.000 toneladas anuales de contaminantes ácidos, y más de 700 toneladas de partículas. De estas emisiones, un 30 por ciento se deben al grupo III, que ha de ser cerrado en cuanto alcance las 20.000 horas equivalentes de funcionamiento, es decir, unos cuatro años, de seguir con el mismo régimen de 5.000 horas al año del 2006 o como muy tarde en el 2015. Esto supone, sin duda, una reducción importante. En cuanto al grupo IV, las condiciones impuestas por el plan nacional de reducción de emisiones, y de cumplir con las medidas de control propuestas, las reducciones serán especialmente importantes para lo óxidos de azufre, un 95 por ciento y para las partículas, un 80 por ciento.

Por todo ello, el resultado final, incluyendo la instalación del nuevo grupo, significaría una reducción del 70 por ciento en las emisiones ácidas, y del 80 por ciento para las partículas, repito, sobre la situación actual. Pero esta situación, desde luego positiva, no es la que ha de valorarse ante la posibilidad de instalar una nueva planta, lo que ha de tenerse en cuenta es el incremento de emisiones sobre la nueva situación, y la realidad es que la nueva planta va a suponer un incremento de más del 35 por ciento sobre el funcionamiento normal de Lada IV.

De todas formas, y aprovechando la apertura del debate, sería importante recordar, que, este «nuevo» marco normativo, y una vez más, entrecomillo lo de «nuevo», deriva de la directiva europea de grandes instalaciones de combustión, nada menos que del año 1980, y que para las centrales existentes, es decir, las anteriores a 1987, tenía una excepcionalidad que estaba condicionada a que este grupo de instalaciones, en el conjunto del Estado, no superasen, entre otros límites, la emisión de 277.000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno, condición que, por cierto, no han cumplido.

Es decir, que lo que se presenta como un gran avance, supone, en realidad, 20 años perdidos, 20 años de emisiones de agentes contaminantes que han producido importantes costes, tanto económicos como en pérdidas de años de vida por muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica. Estos costes podrían suponer, según el estudio de los impactos sobre la salud de las emisiones de las grandes instalaciones de combustión, realizado por el secretariado Sobre Lluvia Ácida, y extrapolados a la central térmica de Lada, unos 69 millones anules en costes por daños a la salud, y 88 muertes prematuras cada año.

Está claro que Langreo ha pagado con creces los costes de un desarrollo industrial de otros tiempos, basado en las grandes industrias y en el uso masivo de combustibles fósiles, y se podría discutir si, en aras de mantener la actividad de Iberdrola en Langreo, podría plantearse otra ubicación, situación compleja, dado el marco legal actual, de libre competencia en cuanto a generación, y donde el Estado no tiene competencias para decidir ni la tecnología ni la ubicación de estas plantas, pero desde luego, lo que no se sostiene de forma alguna es permitir la nueva planta en la ubicación actual, dentro de una localidad de más de 45.000 habitantes, y restringiendo sus posibilidades de desarrollo urbanístico futuro.

No quisiera terminar sin referirme al absurdo debate entre concejos vecinos por la ubicación de las plantas, absurdo, ya que todas las normativas ambientales para este tipo de instalaciones derivan de convenios internacionales establecidos para evitar la contaminación transfronteriza. Éste es un problema que no entiende de fronteras entre estados, y mucho menos entre regiones o concejos, pero hay una cosa que es cierta, la central de 1.200 MW añadiría a Langreo el triple de contaminación, sea la que sea, que la de 400 MW en Mieres, con el agravante de que todos los indicadores ambientales, de calidad del aire, son, en Langreo muchísimo peores.

Paco Ramos es miembro de Ecoloxistes n'Aición d'Asturies.