Pozo Santiago (Aller), A. V.
«La actuación de los antidisturbios de ayer -por el viernes- en el entorno del pozo Santiago no fue correcta, ni adecuada, ni tolerable». Con esta contundencia denunciaba el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, el dispositivo de la Guardia Civil en la explotación minera allerana, donde el viernes se produjo una auténtica batalla campal entre policía y mineros. El regidor indicó, además, que los antidisturbios «cargaron contra civiles, que tuvieron que bajarse de sus coches, donde estaban esperando que se levantasen las barricadas, para recular hasta Caborana a refugiarse».
David Moreno indicó que «había muchos testigos y yo lo viví en primera persona, la gente que estaba esperando para ir a su puesto de trabajo se asfixiaba dentro de los coches y la actuación fue desmedida». «No hay ninguna duda de lo que pasó, y lo que hay que saber es quién permitió además que la Guardia Civil entrase en las instalaciones del pozo, si fue la propia Hunosa o la Delegación del Gobierno», indicó.
El portavoz del grupo municipal de IU-LV en Aller, Alfredo González Arango, se mostró más rotundo al asegurar que «con su silencio, la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, ha dado el consentimiento tácito a estos antidisturbios para entrar en la explotación minera». Arango indicó que «las fuerzas de seguridad solo pueden entrar en el pozo con el consentimiento de la dirección de Hunosa o para evitar que se cometa un delito», y Mallada «no se ha posicionado en contra de lo ocurrido, por lo que entendemos que está de acuerdo con las cargas policiales dentro de las instalaciones».
