En el entierro del sector minero no hay enterradores. La culpa siempre es viuda. El futuro de la minería de carbón en España tiene una salvación muy complicada, que pasa por negociar con la UE una vuelta de tuerca a la Decisión 787 del Consejo Europeo, que fue la que marcó el futuro de la minería, en 2010. Entre aquella fecha y el presente 2016, se hubieran podido adoptar medidas que facilitasen la continuidad de las empresas más allá de 2019, pero no se adoptaron y el destino de la minería quedó marcado.
El Plan de Cierre pactado por el Gobierno de España ante la Unión Europea, y al que la institución comunitaria acaba de dar el visto bueno, supone la culminación de un proceso iniciado en 2010. Este documento supuso una exigencia reflejada en el artículo 7.2 de la Decisión del Consejo 787/2010/UE. Un Consejo Europeo del que por entonces formaba parte el Ministro de Industria español, el socialista Miguel Sebastián. La Decisión, que hoy condiciona el futuro del carbón, "se adoptó por unanimidad y España no hizo observaciones particulares, por lo que no hay ningún argumento para incumplirla", señalan fuentes comunitarias.
España presentó el Plan de Cierre en el año 2012, antes del 9 de marzo, que es la fecha de la carta en la que se informa a la patronal Carbunión. En el citado plan, el Gobierno del momento, ya presidido por Mariano Rajoy, dice claramente que las empresas que recibieron ayudas, en el período 2011-2018, tienen que cerrar o deben devolverlas para seguir abiertas. El plan es un documento arduo de leer, pero se observa claramente que ninguna empresa está en condiciones de alcanzar la competitividad y todas reciben ayudas. Consecuencia, deberán cerrar. La Comisión Europea es la responsable de aplicar la "Decisión" del Consejo y el problema es que no deja nada a posibles interpretaciones. La Comisión tiene que aplicarla tal cual.
El ejecutivo de la UE no admitió el plan presentado en 2012 por Rajoy. Por lo tanto, las ayudas que se han ido dando año a año eran "ilegales", en el sentido que da la Comisión a este término, es decir, no autorizadas y por tanto se puede solicitar que las empresas las devuelvan, con lo que además de cerrar habría que devolver el dinero. Durante los años siguientes, España ha estado negociando y, finalmente, ha tenido que enviar un nuevo Plan que se ajuste a la Decisión 787/2010/UE. Fue una obligación legal sin otra alternativa.
Fuentes comunitarias consideran que, tras este proceso, no tiene explicación la propuesta actual de "manifiestos". En el caso del PSOE, "es muy difícil explicar que siendo propuesto el Plan de Ayudas al cierre bajo la presidencia española (se aprobó en presidencia irlandesa, pero se propuso en la española) y por un comisario español también socialista, se culpe a otros, sea el gobierno actual o sea el que sea". Además, recuerdan desde la UE, la decisión del Consejo se aplicó ya en todos los estados miembros que reciben ayudas, en particular Alemania que cerrará también su última mina de hulla en 2018.
