El Ayuntamiento de Langreo ha dado un ultimátum a Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo) y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), entidad dependiente de Interior, para que decidan qué hacer con el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Estas entidades públicas se enfrentan ahora en los tribunales tanto por la propiedad del viejo edificio como por el pago del IVA de la obra. Tendrán un plazo de veinte días a partir de que reciban la notificación para tomar una decisión, en caso contrario el Ayuntamiento demolerá el inmueble y les pasará la factura, de unos 100.000 euros.

"Tomamos esta decisión por razones de tipo jurídico y como garantía de la defensa de los interesen municipales", destacó ayer el alcalde, Jesús Sánchez. En la notificación, el Ayuntamiento les pide que presenten la correspondiente documentación que avale su decisión sobre el inmueble, tanto su derribo como su rehabilitación. También se les advierte del coste de la ejecución subsidiaria en caso de que no respondan al requerimiento, que correrá a cargo de los propietarios del terreno. "La estimación es de que la demolición del inmueble podría costar unos 100.000 euros, aunque el precio real no se sabrá hasta que se contrate", destacó el regidor.

Este ultimátum es, para Jesús Sánchez, "el último paso que podemos dar para exigir que le den una salida al cuartel". Aún así, hizo hincapié en la "complejidad" del proceso debido a los problemas sobre la titularidad de los terrenos, "que nos hace ser cautelosos a la hora de obrar". El alcalde también se mostró convencido de que, tanto Sogepsa como Giese, "contestarán al requerimiento y presentarán sus alegaciones, con lo que el proceso podría alargarse algo más de lo esperado".

Otro aspecto al que hizo referencia el regidor es a la sentencia judicial que no permite declarar en ruina el antiguo cuartel de la Benemérita. "Dice que el edificio tiene defectos importantes, por eso les pedimos que nos digan si quieren rehabilitarlo o demolerlo", subrayó. Aún así, el alcalde admitió que "no creo que nadie quiera rehabilitar el inmueble, lo que tenemos aquí es una pugna entre dos entidades públicas que pelean por ahorrarse un dinero con el Ayuntamiento en medio, que defiende que es una vergüenza que el edificio esté así y queremos que se tire". Por eso esta notificación, que supone "una de las fórmulas que estamos buscando desde el Ayuntamiento para garantizar la demolición del inmueble y que su precio no sea a costa de los vecinos".

El pasado 27 de julio, la Audiencia Nacional dictó un auto que obliga a Sogepsa a hacerse cargo del acuartelamiento, que ya no tiene actividad. El tribunal ordena la ejecución provisional de la sentencia del pasado febrero que condenaba a la sociedad regional a asumir la propiedad a pesar de que ésta recurrió al Tribunal Supremo (TS). El Ministerio del Interior había realizado esa solicitud.

La construcción, levantada en los años sesenta del pasado siglo, está formada por ocho bloques. El estado de siete de ellos, con excepción de aquel en el que se mantenían las dependencias oficiales hasta el traslado en marzo de 2014, era "muy deficiente" ya entonces. Los últimos informes realizados tanto desde Giese como el Ayuntamiento dieron cuenta de que se había producido un "avance de las patologías recogidas en anteriores informes". El cuartel sufre filtraciones en la cubierta y en las carpinterías que se encuentran en "mal estado" y en la que faltan cristales en muchos casos. Todo ello provocó la entrada de agua al interior de los bloques "aumentando la degradación interior", destaca uno de los informes, que hace hincapié en la abundancia de vegetación y en la existencia de redes de protección en las fachadas.

Interior

El informe del Ministerio del Interior concluye que la estructura del inmueble no presenta "ningún tipo de grietas o deformaciones que indiquen un peligro cierto o constatado de derrumbe" aunque sí aprecia un empeoramiento de la estructura en el bloque ocho. Mientras que el técnico municipal apunta a la acumulación de materiales orgánicos e inorgánicos y a la humedad en un edificio en el que prolifera vegetación en los tejados y fachadas.

La inspección fue realizada a principios de año tras la solicitud del Ayuntamiento. Esta administración pretendía elaborar un informe en el que se reflejase cuál es la situación del viejo cuartel para reactivar el procedimiento que permita derribar el edificio. La situación del antiguo acuartelamiento llevó incluso, antes de que fuese clausurado, al traslado de los agentes del destacamento de Tráfico a las oficinas de la Policía Local.