La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, se comprometió ayer a buscar "una solución" para el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Langreo "conciliando la legítima defensa de los intereses de Sogepsa con los planteamientos y posiciones del Ayuntamiento". Así daba respuesta Fernández, de cuya Consejería depende esta sociedad mixta, al requerimiento que un día antes había anunciado el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y que le daba un plazo de veinte días, tanto a Sogepsa como a Giese (entidad dependiente del Ministerio de Interior) para que decidiesen si derriban o rehabilitan estas instalaciones.
"Sogepsa ha dedicado 5,5 millones de euros a la actuación urbanística en torno a la construcción del cuartel y de momento no ha recuperado un sólo euro", defendía la consejera, haciendo hincapié en que "estamos en una situación financiera y de tesorería nada boyante". Con este argumento, la consejera señaló que "es entendible" que la sociedad mixta trate de defender sus intereses en los tribunales frente a Giese. El litigio que ahora mantienen ambas entidades públicas es sobre la titularidad del antiguo acuartelamiento y el pago del IVA de la obra. De momento, como apuntó la representante del Principado, "hay pleitos en marcha, entre ellos un recurso ante el Tribunal Supremo y estaremos a lo que resulte de ello".
La última sentencia fue la del pasado 27 de julio, cuando la Audiencia Nacional dictó un auto que obligaba a Sogepsa a hacerse cargo del acuartelamiento, pero se recurrió.
Belén Fernández aseguró que "entendemos la posición municipal, porque estamos hablando de un edificio que se encuentra en una situación tanto desde la perspectiva del ornato como desde la seguridad, totalmente deplorable". Por eso, la consejera se comprometió a "analizar" el requerimiento del Ayuntamiento de Langreo una vez que llegue al Principado y "trataremos de buscar una solución".
La notificación municipal, como apuntó el regidor de Langreo, da a las entidades públicas responsables un plazo de veinte días para que decidan qué hacer con el viejo cuartel. Tienen dos opciones, derribarlo o rehabilitarlo, ya que el Ayuntamiento no puede declararlo en ruina debido a una sentencia judicial. Si no lo hacen, el Consistorio lo tirará y les pasará la factura.