Juan José González Pulgar (Pola de Lena, 1953) lleva media vida ligado a la vida política y sindical. Casado y con dos hijos, comenzó a trabajar en Hunosa en 1978, donde desarrolló, entre otros trabajos, el de Inspector de Economatos. Llegaría después al Ayuntamiento de Lena como Concejal por el PSOE. Además, también fue consejero de Hunosa, consejero de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, secretario de Organización del SOMA-FITAG-UGT y Gerente del Consorcio Comarcal de la Montaña Central de Asturias. Desde 2014 preside el Montepío de la Minería Asturiana, al que llegó tras la salida de José Antonio Postigo, el delfín de José Ángel Fernández Villa. Se encontró una mutualidad sumida en una profunda crisis, y con la residencia de Felechosa como un gran agujero negro económico. Casi un lustro después, el panorama es diferente.
-Han cerrado el ejercicio con casi medio millón de superávit. ¿Cómo valora las cifras?
-Los resultados tienen un gran valor en sí mismos porque son fruto de un trabajo colectivo. Su resultado representa el acierto en la puesta en marcha de los planes estratégicos, e indican tras tres años de beneficios que hemos logrado la consolidación de la entidad, que hoy depende de sí misma y de la buena marcha de sus empresas.
-Comentaba en la presentación de las cuentas que ha habido gastos extraordinarios, entre ellos más de 130.000 euros en procesos judiciales. ¿Creen que podrán recuperarlos con las sentencias?
-Los procesos judiciales son muy costosos, sobre todo si es necesario acompañarlos de pruebas periciales e informes técnicos, necesarios por la naturaleza de los casos y para poder ejercer una mejor defensa del Montepío. Tenemos abiertos uno en vía administrativa contra el Instituto del Carbón por la devolución de los 3,3 millones de euros de fondos mineros la obra de la Residencia pendientes de la última fase de 2012; una demanda del contratista por la reclamación de unas supuestas obras realizadas en Los Alcázares y en Roquetas; una demanda más contra Alcedo de los Caballeros por las deficiencias de la fachada de Felechosa, por importe de 1,6 millones de euros; y el juicio penal en fase de instrucción que se conoce como "caso Hulla". En todos ellos peleamos para ganarlos y para que nos resarzan de las costas e indemnizaciones.
-El "caso Hulla" les ha hecho mucho daño.
-Sin duda, a efectos de daño el golpe está muy amortizado, porque hemos tomado la iniciativa desde el primer momento para colaborar activamente con la Fiscalía anticorrupción. El Montepío es el más interesado en resolver todo.
-¿Y cómo le parece que se está desarrollando?
-A día de hoy hemos pasado de tener una confianza y fe ciega en la Fiscalía a una posición más escéptica por el "caso Hulla", porque nadie se cree ya que esto se reduce a un posible fraude de subvención en la Residencia de Felechosa para acotarlo con insistencia a una responsabilidad civil subsidiaria del Montepío. Están apareciendo datos e informaciones que revelan como el "caso Hulla" hunde sus raíces en los años 90. Ahí aparecen indicios relacionados con la venta de Supermercados El Árbol a un grupo holandés, a temas mineros, al presunto pelotazo urbanístico con la venta y permuta de adosados en Los Alcázares y el Apartotel de Roquetas. Y posiblemente, a algún asunto más referido a la adquisición del complejo residencial del Mar Menor, entre los años 90 al 98.
-En algunas ocasiones ha dicho que la carga financiera lastra mucho las cuentas del Montepío. ¿Hasta qué punto?
-Es que 14 millones es mucha deuda. Cierto que 3,3 millones nos los debe el Ministerio de Industria. Pero el lastre no es solo la deuda en sí, sino los elevados intereses que debemos pagar hoy, a más del doble de los valores actuales de mercado y que no fuimos capaces de renegociar para actualizarlos a las mejores condiciones actuales, con intereses más bajos, por estar sometida la entidad a los efectos del "caso Hulla", que no nos permitieron bajar el llamado "efecto de riesgo bancario". El injusto castigo al Montepío es por tanto más amplio. El pago ministerial de esos 3,3 millones y esa rebaja de los intereses permitirían hoy al Montepío contar con beneficios consolidados de 1 millón de euros, un potencial para hacer política social.
-Habla de esos 3,3 millones que le reclaman al Ministerio por la última certificación de la obra de Felechosa. ¿Hay forma de desbloquear el proceso?
-En principio, el proceso está paralizado mientras no se resuelva el litigio penal del "caso Hulla". No obstante volveremos a buscar interlocución con el Ministerio y el Instituto del Carbón para encontrar una solución y explicar lo sucedido. Las iniciativas administrativas tomadas por los anteriores gestores ministeriales fueron muy injustas, ya que su reclamación de los 3,3 millones la hicieron fuera de plazo, está prescrita y además sus argumentos son totalmente falsos, puesto que los fondos mineros son colectivos y universales, dirigidos a la sociedad de las comarcas mineras en su conjunto, a su reactivación. Por tanto la Residencia de Felechosa, que hoy no olvidemos que mueve 90 empleos directos, al igual que el resto de proyectos de fondos mineros, no era solo para dar servicio a personas mayores mutualistas, como el Campus de Mieres no lo fue para que únicamente estudiasen en la Universidad hijos de mineros. Tener que llegar a poner estos ejemplos a representantes ministeriales que tendrían que conocer las claves de proyectos reactivadores debería provocar sonrojo.
