Ningún minero quedará en paro, los excedentes del cierre de minas serán prejubilados o recolocados; habrá un "plan urgente de actuación" para las comarcas mineras dirigido a fomentar la reactivación empresarial; una línea de ayudas para la recuperación del patrimonio industrial; y un plan de formación destinado a lograr empleo en nuevas industrias, sean energéticas o de otro sector.

Estas son las líneas maestras del preacuerdo alcanzado a primera hora de la noche de ayer, en Madrid, por los representantes del Ministerio de Transición Ecológica y de los sindicatos SOMA-UGT y CC OO. Al cierre de esta edición el preacuerdo se estaba redactando para su firma. El definitivo se suscribirá el 24 de octubre con la presencia de la Ministra de Transición Ecológica.

El nuevo plan minero tendrá una vigencia de 2019 a 2027, pero se aplicará en distinto grado temporal. Así, la restauración de explotaciones en comarcas minera se realizará de 2018 a 2023; las medidas excepcionales para las empresas de 2019 a 2025; y las de reactivación hasta 2027.

Uno de los puntos centrales es el de los trabajadores. La intención es que nadie se quede en el paro. Para conseguirlo se plantean jubilaciones a edad equivalente de 48 años con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, también podrán retirarse los que hayan trabajado 20 años en empresas mineras. Esta situación supone que pueden producirse retiros anticipados a los 40 años reales. Los prejubilados percibirán un 72% del salario bruto mensual.

Los mineros que por su edad o años cotizados no puedan prejubilarse podrán optar a la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir de 2019. Además se consideran excedentes a los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras, que ahora protestan por su incierto futuro.

Para los excedentes de la minería se articulará con las comunidades autónomas su recolocación prioritaria "en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas en este acuerdo, con la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018-2023". Para garantizar estas contrataciones "se establecerá como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores".

El "plan urgente de actuación", como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, estará dotado de 1.250 millones de euros. Incluirá actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición, y la elaboración de contratos de Transición Justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo".

Para la facilitar la creación de empleo y las contrataciones de excedentes de la minería, se establece una línea de ayudas para un Plan de Formación "dirigido a las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. En sus servicios de empleo correspondientes se les asignará un orientador que trabajará con los trabajadores excedentes del sector". También habrá una línea de fondos destinada a la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial minero. Hunosa, como ya es habitual, deberá negociar a partir de este acuerdo general, su propio plan de empresa "con características propias en materia social y compromisos específicos de la reactivación".