26 de enero de 2019
26.01.2019

Los vigilantes imputados por el accidente del pozo Emilio: "Fue algo imprevisible"

Los cinco investigados se suman a la tesis de la empresa y alegan que no tuvieron responsabilidad en el suceso, en el que hubo seis muertos

26.01.2019 | 01:35
El homenaje que se celebró en el pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa un año después del accidente.

Sin sorpresas. Los cinco vigilantes imputados por el fatal accidente en el pozo Emilio del Valle de Santa Lucía de Gordón (propiedad de la Hullera Vasco Leonesa), uno de ellos lenense, presentaron hace unos días su escrito de defensa alegando que no tuvieron ninguna responsabilidad en el suceso. Ocurrió el 28 de octubre de 2013 y perdieron la vida seis mineros: José Luis Arias (de Pola de Lena), Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Roberto Álvarez y Orlando González. Los vigilantes piden su "libre absolución" y siguen la línea argumental de la compañía: que nada hizo prever, según su versión, el escape de grisú que robó el aire a sus compañeros, uno de ellos con su misma categoría. Los familiares esperan que la instrucción termine ya, tras más de un lustro de espera, y que el juicio se celebre en los próximos meses. Hay quince personas imputadas.

El suceso conmocionó a la comarca de Gordón y también al concejo de Lena, de donde era natural José Luis Arias (conocido en el tajo como "Teya"). La Hullera Vasco Leonesa redactó el primer informe sobre el accidente en abril de 2014, medio año después del suceso. La versión de la empresa, hasta ahora inamovible, es la siguiente: "El colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano provocó una desgasificación de grisú que causó la muerte por asfixia de seis mineros". En el escrito de los vigilantes reiteran que el desprendimiento de grisú fue "instantáneo" y "completamente imprevisible". Nada hacía prever, apuntan, el momento de su aparición, ni su magnitud y sus consecuencias. De hecho, añaden, uno de los fallecidos tenía su misma categoría.

El documento también hace referencia a su "falta de cualificación" para valorar las circunstancias en las que se encontraba la explotación. Apunta a que todos tienen estudios básicos, "sin titulación superior", y que no decidían ni sopesaban sobre los aspectos topográficos para luego practicas proyectos. Uno de los cinco trabajadores estaba, en la fecha en la que se produjo el suceso, de vacaciones.

La presentación del documento supone un paso más en la larga investigación del caso, que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de León. Familiares de las víctimas han reclamado ya, en varias ocasiones, la máxima celeridad posible. Llevan un lustro esperando por el fallo del Juez, aunque ya han mostrado su disconformidad con la pena que solicita la Fiscalía. El Ministerio Público recoge la petición de tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los quince investigados, además de una indemnización total de dos millones de euros para los familiares de los fallecidos y para los trabajadores heridos. Nada dicen del dinero, "porque un hijo no tiene precio", pero sí de la pena de prisión: "Por culpa de esta gente, seis familias quedamos rotas para siempre", concluyen.

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