En la primavera de 1932 se produjeron una serie de protestas en la Cárcel Modelo de Oviedo que culminaron en dos motines desarrollados con la misma estrategia con pocos días de diferencia. Por la mañana los reclusos se negaban a tomar el rancho, permaneciendo de brazos cruzados en el comedor y luego alborotaban golpeando los barrotes de sus celdas, negándose a entrar en ellas, e incluso algunos llegaron a provocar pequeños incendios. Para prevenir males mayores, durante la segunda revuelta, en la tarde del viernes 6 de mayo un destacamento del Regimiento de Infantería nº 3 llegó hasta el recinto penitenciario y emplazó sus armas en el vestíbulo, mientras el gobernador civil también se personó en el establecimiento acompañado de varias parejas de la guardia de Seguridad y cuatro agentes de Policía.
Tras hora y media de negociación, el incidente se dio por solucionado y a las seis y media se comunicó que los presos ya estaban donde debían estar. Después, el gobernador informó a la prensa de que una de las peticiones de los revoltosos era el traslado del director de la cárcel, quien ya llevaba en su puesto más de dos décadas, y de que todo había sido iniciado por los presos sociales, quienes obedeciendo consignas políticas mandadas desde el exterior habían convencido a los comunes para que se sumasen al alboroto.
De hecho, los siete u ocho promotores habían pasado a las celdas de castigo mientras que el resto, por seguridad, también iba a permanecer sin salir al patio hasta nueva orden.
En una entrevista, el director don Ángel Llenín González, quien por su antigüedad en el puesto conocía los entresijos de la Modelo mejor que los internos, defendió la calidad del rancho, pero se quejó de que la plantilla estaba envejecida y en algunos casos con sus facultades físicas disminuidas por la edad, mientras los nuevos funcionarios eran destinados a Palencia o León, y culpó del motín a unos reclusos de Turón que pedían ser puestos en libertad porque no acababan de ser procesados.
Se trataba de Gregorio Tejero, Luis Pérez, Victoriano Colía y Tomás García González, todos muy jóvenes y el último menor de edad, militantes comunistas que estaban detenidos porque el 11 de junio de 1931, en el transcurso de una huelga minera, habían volado con dinamita la vía férrea entre Figaredo y Turón haciendo fuego a continuación con sus pistolas contra un convoy de esquiroles que se disponía a trabajar y provocando varios heridos.
En medio de este ambiente, el sábado 7 de mayo de 1932 el ministro de Justicia de la República don Álvaro de Albornoz quiso dar la cara en Mieres para exponer públicamente sus líneas de actuación.
Álvaro de Albornoz y Liminiana fue uno de los políticos e intelectuales más destacados del siglo XX en Asturias; nacido en Luarca el 13 de junio de 1879, tuvo la fortuna de coincidir en sus estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo con aquel grupo irrepetible de profesores progresistas que fijaron las señas de la identidad cultural asturiana: Clarín, Posada, Adolfo Álvarez-Buylla y Rafael Altamira, también trató de cerca de Melquiades Álvarez y a escritores como Ramón Pérez de Ayala.
Luego conoció en Madrid a Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza y en 1909 inició su militancia en Unión Republicana, pasando después por el Partido Republicano Radical (PRR) y las escisiones que engordaron sus siglas -Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) y Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI)- hasta acabar en la Izquierda Republicana de don Manuel Azaña.
Por esta actividad ya había estado en prisión durante la Dictadura de Primo de Rivera en 1929 y volvió a la cárcel tras el levantamiento militar de Jaca, después de un juicio en el que actuó como defensora ante el Tribunal Militar Victoria Kent, quien trabajaba entonces como pasante en su despacho.
También había entrado en la Masonería en marzo de 1927 y figuró entre los firmantes del Pacto de San Sebastián; por eso cuando por fin vino La Niña, estuvo en sus Cortes Constituyentes. Luego fue nombrado ministro de Fomento y después asumió la cartera de Justicia, desde el 16 de diciembre de 1931 al 14 de julio de 1933. Entonces le tocó ocuparse de diseñar el armazón legal para separar la Iglesia y el Estado, por lo que asumió responsabilidades tan delicadas como la de suprimir el presupuesto de Culto y Clero, prohibir las actividades de la Compañía de Jesús e impulsar las leyes que regularon el matrimonio civil y el divorcio.
No era la primera vez que don Álvaro visitaba Mieres. Al contrario, conocía bien esta villa desde hacía tiempo, como lo prueba una conocida fotografía de la inauguración de la Universidad Popular en 1909 en la que aparece posando junto a los miembros de esta institución en un patio de la antigua Escuela de Capataces de Minas; pero sobre todo las visitas se debían a su antigua amistad con Vital Álvarez-Buylla, con quien solía coincidir en Luarca y que lo hospedó en su casa de La Rotella hasta la mañana siguiente.
Ya a las once y media de la mañana del domingo 8 de mayo, se abrió el mitin en la Casa del Pueblo con la presencia de gobernador civil y los alcaldes de Sama, Oviedo e Infiesto junto a las representaciones de los correligionarios radicales que los habían acompañado desde estos lugares y otros grupos llegados desde La Felguera, Gijón, Pravia y Lena. Precedieron a orador José Díaz-Fernández y Carlos Martínez y actuó como presentador Avelino Martínez, conocido republicano mierense.
Cuando llegó su turno, Álvaro de Albornoz habló de la labor que estaba realizando su Gobierno en los problemas de la enseñanza, la reforma militar y la cuestión religiosa y se refirió después a las tensiones en el mundo agrario, elogiando a los campesinos andaluces que eran víctimas de los manejos extremistas. Luego se extendió en unos comentarios sobre Cataluña, que ya entonces era una cuestión delicada y, a juzgar por sus declaraciones, con características muy parecidas a las actuales, ya que después de afirmar que él no creía en el separatismo, pero que en un régimen de libertad como el que se estaba viviendo, cualquier aspiración era justa, aseguró que esta cuestión la agitaban continuamente los contrarios al Gobierno para apoyar sus campañas y debilitar a la República.
Por último hizo un recorrido por las libertades que había traído el nuevo régimen y al afirmar que la República protegía a toda la prensa fue interrumpido por alguien que gritó: "menos a Mundo Obrero". Más adelante hubo una segunda voz que apostilló al orador cuando estaba diciendo que en lo que se llevaba de gobierno no se había cumplido ninguna pena capital. Pero en general el acto fue sorprendente tranquilo dada la campaña que el Sindicato Único estaba desarrollando a favor de sus compañeros de Turón. Un hecho que aún nos sorprende más cuando repasamos los periódicos y vemos que lo habitual en esos meses era que los mítines de cualquier signo acabasen a palos, cuando no a tiros, entre grupos de opositores políticos.
De otra parte, don Álvaro había llevado con él a su ministerio a su fiel Victoria Kent, nombrándola directora general de Prisiones, por lo que todos los movimientos en las prisiones eran responsabilidad suya. Ella no solo tuvo que hacer frente a los motines que en aquella primavera se repitieron por toda España; también los funcionarios sumaron su protesta a las reformas que quería impulsar para mejorar las condiciones de los reclusos, de modo que, agobiada por la situación, presentó su dimisión, que fue aceptada el día 4 de junio.
Dos días antes, en una de las salas de la cárcel de Oviedo se celebró el juicio contra los cuatro de Turón, de los que se dijo que habían aprovechado la reclusión para hacer propaganda extremista. Aunque el fiscal pidió cadena perpetua para los tres adultos y doce años de reclusión para el menor, el jurado optó por la declaración de inocencia, con lo que el tribunal decretó su absolución.
Álvaro de Albornoz se mantuvo al frente del ministerio de Justicia hasta que el 14 de julio de 1933 pasó a ser el primer presidente del tribunal de Garantías Constitucionales. Al iniciarse la guerra civil fue nombrado embajador de la República en París y en México presidió la Junta Española de Liberación. En agosto de 1947 Diego Martínez Barrio le encargó formar uno de los gobiernos en el exilio. Murió el 22 de octubre de 1954 dejando como legado numerosas publicaciones y una vida dedicada a la República española.
