La sentencia es rotunda en este sentido. “La mayoría de los elementos para una eventual cesión quedan diluidos dado que ni todos ellos (los miembros de la plantilla) trabajan en los mismos centros, ni realizan la misma actividad, ni están sujetos a un poder de dirección representado por las mismas concretas personas o que ostenten atribuciones iguales o parecidas”, señala el magistrado en el fallo. Los representantes legales de los trabajadores explican que “se diluye porque no se determina cada caso y no puede verse como un todo. Es lo que nos dice la sentencia”.
Los abogados de la plantilla, unidos a los de los sindicatos, trabajan ya en lo que se presenta como un proceso largo y complejo. Cada trabajador o grupo de trabajadores tendrá que acudir al juzgado y probar esa presunta “cesión ilegal” que se ha demandado por primera vez como colectiva. Es prácticamente lo que dicta la sentencia: “No es posible resolver sobre la acción colectiva sin descender a particulares valoraciones que, con concreción, permita individualizar las condiciones de la prestación laboral de cada trabajador o, al menos, de un subgrupo definido de ellos dentro de la plantilla adscrita a la contrata”. “Y por mucho que la demanda haya intentado reducir lo que postula a unidad sobre la base de la proyección teórica de las notas definitorias de la cesión, no puede salvar la descrita diversidad real de un supuesto sujeto colectivo que comprende desde un ingeniero técnico encargado hasta un especialista de producción, pasando por cometidos muy cualificados de jefe de equipo eléctrico (....)”, añade el fallo. La de Sacyr-IMSA ha sido la primera sentencia en respecto a la situación de empleados subcontratados en la hullera pública... Actualmente, Hunosa cuenta con otras tres contratas en labores de producción: Satra, Carbomec y Acciona.