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La plantilla del Batán tendrá que denunciar individualmente la “cesión ilegal” a Hunosa

Los abogados preparan ya las demandas de cada trabajador o en grupos para entrar en la hullera: “La puerta no se ha cerrado”, replican

Trabajadores del lavadero del Batán, en una protesta frente a la sede de Hunosa. | Fernando Rodríguez C. M. BASTEIRO

La batalla judicial para lograr la integración de la plantilla de los trabajadores de contratas del Batán (Sacyr-IMSA) en Hunosa no está, ni de lejos, perdida. Es lo que replican los representantes legales de la plantilla tras la primera sentencia del juez de la sala de lo social de Mieres, en la que cerraba la puerta al reconocimiento de “cesión ilegal” dentro de un conflicto colectivo. Es por eso que los representantes legales de la plantilla, también desde los sindicatos, plantean ahora una serie de demandas individuales o plurales (que reunirán a varios trabajadores en idénticas condiciones) que permitirán al magistrado deliberar si esa cesión se produjo o no. “La puerta por esta vía no se ha cerrado, más bien al contrario. Era difícil conseguir una sentencia favorable como conflicto colectivo”, señalaron ayer las mismas fuentes, para añadir que “hay indicios claros” de esa cesión ilegal.

La sentencia es rotunda en este sentido. “La mayoría de los elementos para una eventual cesión quedan diluidos dado que ni todos ellos (los miembros de la plantilla) trabajan en los mismos centros, ni realizan la misma actividad, ni están sujetos a un poder de dirección representado por las mismas concretas personas o que ostenten atribuciones iguales o parecidas”, señala el magistrado en el fallo. Los representantes legales de los trabajadores explican que “se diluye porque no se determina cada caso y no puede verse como un todo. Es lo que nos dice la sentencia”.

Los abogados de la plantilla, unidos a los de los sindicatos, trabajan ya en lo que se presenta como un proceso largo y complejo. Cada trabajador o grupo de trabajadores tendrá que acudir al juzgado y probar esa presunta “cesión ilegal” que se ha demandado por primera vez como colectiva. Es prácticamente lo que dicta la sentencia: “No es posible resolver sobre la acción colectiva sin descender a particulares valoraciones que, con concreción, permita individualizar las condiciones de la prestación laboral de cada trabajador o, al menos, de un subgrupo definido de ellos dentro de la plantilla adscrita a la contrata”. “Y por mucho que la demanda haya intentado reducir lo que postula a unidad sobre la base de la proyección teórica de las notas definitorias de la cesión, no puede salvar la descrita diversidad real de un supuesto sujeto colectivo que comprende desde un ingeniero técnico encargado hasta un especialista de producción, pasando por cometidos muy cualificados de jefe de equipo eléctrico (....)”, añade el fallo. La de Sacyr-IMSA ha sido la primera sentencia en respecto a la situación de empleados subcontratados en la hullera pública... Actualmente, Hunosa cuenta con otras tres contratas en labores de producción: Satra, Carbomec y Acciona.

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