La juez ha archivado la causa del caso “pasquines”. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Mieres, basándose en un informe del Ministerio Fiscal, no ve indicios de delito en el lanzamiento, en abril de 2019, de miles de octavillas acusando al alcalde de Mieres y entonces candidato a la reelección, Aníbal Vázquez, de cobrar dinero “negro” de su partido por el desempeño de su cargo. En el auto, señalan que no se aprecian delitos ni de injurias ni de calumnias, por lo que toma la decisión de archivar la causa contra los cuatro acusados. Tanto el regidor en su propio nombre, como Izquierda Unida, tendrán un plazo de cinco días para recurrir.
La magistrada se atiene al informe del Ministerio Fiscal, que no ve indicios de delito, lo que fundamenta en varios puntos a partir del texto íntegro que se plasmaba en cada una de las 30.000 octavillas que se lanzaron la madrugada del 30 de abril de 2019 por todo el concejo de Mieres. En concreto, aquel texto rezaba: “El alcalde miente. Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, presume de no cobrar por ser alcalde, pero lleva ocho años cobrado 1.500 euros al mes en dinero negro. No le bastaba con su pensión. Para el Alcalde lo urgente era llenarse los bolsillos en secreto a costa de los mierenses”.
La magistrada entiende que el delito de calumnias no ha lugar, ya que entiende que “en los panfletos no se imputa delito alguno, pues ni está tipificado el hecho de mentir sin más, ni tampoco el cobro de 1.500 euros incumpliendo la normativa tributaria puede constituir delito fiscal, sin perjuicio de las responsabilidades en vía administrativa”.
A partir de ahí, la magistrada se centra en razonar que tampoco hay existencia de un delito de injurias. Para ello, apunta la juez, “deben tenerse en cuenta el contexto y demás circunstancias de los hechos con el fin de valorar si efectivamente tienen la consideración de graves a efectos penales”. El auto expone que “una circunstancia trascendental que hay que tener en cuenta es que el denunciante tiene la condición de alcalde de Mieres y por tanto, sus actuaciones, en el ejercicio de su cargo, pueden verse sometidas al escrutinio de la opinión pública, a la crítica y a la censura política como consecuencia de la libertad de expresión”. El texto afirma que las afirmaciones vertidas en los pasquines “deben ponerse necesariamente con el momento, ocasión o circunstancias temporo-espaciales o personales (...), por lo que teniendo en cuenta el rasero actual por el que han de medirse los límites al ejercicio de la libertad de expresión e información de la crítica política se trata, no pueden considerarse una conducta delictiva”. Y agrega el auto: “viniendo además, al parecer, de miembros de un grupo político rival –todos los imputados tenían relación con Imagina Mieres–, en un clima pre-electoral de crítica y censura política”.
Unos argumentos, todos ellos, que la magistrada respalda con jurisprudencia de diversos tribunales, desde provinciales, hasta nacionales y europeos. Por tanto, en la parte dispositiva del auto, señala “el sobreseimiento y archivo de la causa”.
Beatriz González: "Es grave que la justicia ampare campañas mafiosas, recurriremos"
La coordinadora de IU en Mieres, Beatriz González, anunció ayer que la formación acudirá a la Audiencia Provincial contra el archivo de las diligencias previas por el caso de la distribución de más de 30.000 folletos en los que se calumnió e injurió al Alcalde de Mieres. “No es la primera vez que tenemos que acudir a la Audiencia para evitar que den carpetazo a este asunto. Lo volveremos a hacer y esperamos que nos vuelva a dar la razón”, señaló.
Visiblemente enfadada, la responsable del partido indicó que “el Estado de Derecho no puede permitir que haya personas de primera y de segunda. Una cuestión es que las personas que ocupan cargos públicos deban estar sometidas a la crítica política y vean limitado su derecho al honor y otra, muy diferente, es que la Justicia tolere y, lo que es más grave, ampare campañas mafiosas que tienen como único objetivo destruir la honestidad, la imagen pública y reputación del Alcalde”. El único objetivo del ataque, dijo González, “fue de destruir la credibilidad de Aníbal Vázquez en periodo electoral”. “Los folletos no realizan ni una sola crítica a la gestión o propuestas del Alcalde, solo le acusaban de llevarse dinero negro”, censuró.
La coordinadora de IU subrayó que “ya tuvimos que recurrir a la Audiencia Provincial, que obligó a la juez de instrucción a retomar las diligencias previas, y volveremos a hacerlo para defender el Estado de Derecho frente la ‘doctrina de la impunidad’”.
Para González, “resulta sorprendente que decreten el archivo sin haber practicado las pruebas solicitadas y, más aún, que defiendan que la crítica política a la que debe someterse cualquier cargo público suponga una especie de licencia para injuriar o una barra libre para prácticas mafiosas”. “La actitud del Fiscal es más llamativa: no asistió a ninguna de las pruebas que se han practicado, durante el año y medio que llevamos de instrucción efectiva no ha presentado ni un solo escrito”, dijo.
González apuntó que “no puede haber dos varas de medir, no puede permitirse que el Estado de Derecho tenga derecho de admisión y deje fuera a las personas que se dedican a la actividad pública, a las que parece que, según la posición de la Fiscalía, deben soportar una intolerable principio de presunción de culpabilidad y aceptar que les puedan acusar de cualquier cosa”.
