Los investigados por el reparto de 30.000 pasquines, en los que se afirmaba que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, cobraba en dinero “B” su sueldo como regidor, intentarán demostrar en el juzgado que estas afirmaciones no son inventadas, sino que se basan en manifestaciones “que de manera permanente y continua se vienen realizando en los círculos políticos cercanos al denunciante”. Para ello, aportarán testigos que han manifestado su voluntad de apoyarlos.
El abogado de uno de los tres acusados, Francisco Pérez Platas, aseguró ayer que “el reconocimiento sobre la autoría de los pasquines y de su distribución no significa un reconocimiento de culpabilidad”. Así, afirma que “la acusación pretende hacer una caricatura de los hechos, intentando desviar la atención sobre circunstancias totalmente accesorias como es el número de panfletos repartidos o el medio utilizado para su distribución”. En este sentido, el dato de que se han repartido 30.000 panfletos “no es más que una mera afirmación carente de apoyo probatorio alguno y en todo caso resulta irrelevante que hayan sido 30.000 ó 15.000”. En cuanto a la distribución de los papeles, “el que se haya hecho en bicicleta, andando, en coche o en autoestop resulta totalmente intranscendente; obviemos por lo tanto la anécdota y vayamos a lo sustancial”.
El letrado explica que “el debate transcendental debe centrarse en el ejercicio del derecho de libertad de expresión y sus límites”. Para el denunciante el reparto de unos pasquines supuestamente injuriosos merece un reproche penal y por ello sustenta una acusación con la pretensión públicamente manifestada de conseguir una pena de hasta cuatro años de prisión. Para la defensa, “la acción de I. Z. –su defendido– se enmarca dentro del debate político y en el ejercicio del derecho de libertad de expresión que tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avala que cualquier ciudadano pueda dirigir a los políticos no sólo criticas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que pueden molestar, inquietar o disgustar”.
Así mismo, el investigado pretende acreditar que el contenido de los pasquines “no son una mera invención sino que por el contrario reproducen manifestaciones que de manera permanente y continúa se vienen realizando en los círculos políticos cercanos al denunciante”. En apoyo de esta línea de defensa los coinvestigados han facilitado datos, nombres de testigos y circunstancias concretas “que podrían avalar la realidad de lo descrito en los pasquines”.
El procedimiento se encuentra aún en una fase previa y durante la instrucción “se intentará acreditar que lo manifestado en los panfletos no tiene como finalidad injuriar, sino exponer unas circunstancias que ya eran comentadas y conocidas”. Para ello cuentan con “varios testigos” que han mostrado su voluntad de declarar en apoyo del denunciado. “Es llamativo que el grupo político en el que milita el denunciante –IU– haya presentado varias iniciativas parlamentarias solicitando la homogeneización europea del código penal, solicitando la despenalización de los delitos de injurias”, y por el contrario en el “asunto de los pasquines de Mieres pretendan valerse de la ley que, por obsoleta y anacrónica, quieren derogar para conseguir que los investigados sean condenados a una severas penas de prisión”. En todo caso, aseguró el letrado, “debe respetarse la acción de la justicia, correspondiendo a los tribunales fijar la culpabilidad o inocencia de los investigados, hasta entonces solo queda respetar la presunción de inocencia”.
Los hechos se remontan al 30 de abril del año pasado cuando Mieres amaneció “empapelado” con unos 30.000 pasquines. Desde Izquierda Unida, presentaron una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Mieres. La Policía Nacional identificó a cuatro personas como presuntos autores de los hechos. Al menos dos de ellas aparecían en unas grabaciones de cámaras de seguridad que enfocaban a las calles de Mieres. Finalmente, son tres las personas investigadas, todas vinculadas a la formación política Imagina Mieres, que se retiró de las elecciones por este escándalo. Hace unos días, uno de los investigados asumió haber repartido los pasquines él solo, de madrugada, en bicicleta, por múltiples puntos del concejo.
