El SOMA reprueba los resultados de la "transición justa" que pilota Teresa Ribera: "Falta empleo en los territorios afectados"

Que Hunosa gestione las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado, para que de esta forma la empresa energética gane peso y se transforme en compañía eléctrica pública, como ya existen en otros países europeos. Esta ha sido una de las aportaciones y peticiones que el SOMA-FITAG-UGT ha realizado en el marco de la consulta pública sobre el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), cuyo plazo finalizaba el pasado lunes. La central tiene claro además que los objetivos de "la transición justa" no se han alcanzado.

Los portavoces del sindicato señalaron que "han sido las aportaciones que hemos realizado, siempre partiendo de la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía, moderno, riguroso, flexible, de medio y largo plazo". Desde el SOMA entienden que esta planificación ha de tener "seguridad jurídica" con el objetivo de "dotar de estabilidad al sector, de tal forma que contribuya a ganar en productividad, competitividad (tanto industrial, como social), viabilidad empresarial, y, por tanto, generar empleo estable y de calidad".

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Entienden desde la central minera que "en lo que concierne a la industria, hemos señalado que, dado que la energía es un factor fundamental para el desarrollo industrial, el proceso de descarbonización debe alinearse, inequívocamente, con la política industrial y la política energética, aprobando una nueva Ley de Industria como prioridad al inicio de esta nueva legislatura". Además, y respecto a la empresa pública Hunosa, señalan que "deben desarrollarse, normativa y regulatoriamente cambios, en la Ley del Sector Eléctrico ante la nueva realidad del sector".  "No podemos dejar pasar más tiempo sin recuperar, gratuitamente y libre de cargas, todas las obras construidas en dominio público hidráulico para la explotación energética, y que podría gestionar, sin ningún tipo de problema, la empresa pública Hunosa", valoraron los portavoces del SOMA. 

Otra de las aportaciones fue la proposición de cambios "en los concursos de los nudos de transición justa (capacidad de acceso a la red eléctrica liberada tras el cierre de las centrales térmicas), para poder acoger potencias acordes con los posibles nuevos proyectos renovables; también la necesidad que el Fondo de Transición Justa observe los principios de adicionalidad y complementariedad, y no se utilicen para sustituir inversiones que deberían venir por vía ordinaria, en territorios afectados por la transición energética". Un principio que desde que se crearon los fondos mineros ha venido siendo menoscabado por los sucesivos gobiernos, afirman desde el sindicato.

Por otra parte, el SOMA reclamó "el desarrollo de la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, que contribuya a una mejor provisión de materias primas en general, y en particular de origen mineral, como uno de los servicios ecosistémicos fundamentales en nuestra sociedad; o el desarrollo del almacenamiento energético hidráulico o termosolar, donde hay empresas punteras tecnológicamente trabajando en España, y planes que ya han sido catalogados Proyecto de Interés Común por la Unión Europea". En definitiva, que se planifique y avance en materia de almacenamiento eléctrico vinculado a las energías renovables.

"Desde el SOMA-FITAG-UGT creemos firmemente que España debe avanzar dando cumplimiento a los acuerdos de Gobierno, patronal y sindicatos; avanzar energéticamente desarrollando un Pacto de Estado por la Energía que supere ciclos políticos, dando el impulso necesario para que Hunosa se convierte en la vanguardia de la transición energética como empresa pública energética y medioambiental, y avanzar en el aprovechamiento de las oportunidades sociales, económicas y ambientales que este proceso de transición energética y descarbonización ofrece, para completar el cambio de la estructura socioeconómica de unos territorios muy afectados por dicho proceso", señalaron para concluir las fuentes del sindicato.

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Durante el proceso de consulta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el sindicato también mostró su malestar ya que "nos hubiera gustado un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de los dos primeros años del anterior Plan, para contextualizar el desarrollo de este nuevo documento". Y en esta línea, aseguraron que "ni el 'Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027'; ni el 'Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios', han alcanzado aún los objetivos que nos proponíamos y, además de esa falta de concreción de empleo en los territorios afectados, constatamos que la calidad del empleo generado en las restauraciones medioambientales ha introducido la figura de trabajadores pobres, situación que se debe corregir inmediatamente", censuraron desde el SOMA-FITAG-UGT.

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