Chequeo a la descarbonización: Teresa Ribera sostiene que sus políticas crearán 2.800 empleos en las zonas mineras

Un 90 por ciento de los excedentes del sector del carbón recolocados, una nueva línea de ayudas por valor de 69 millones, proyectos empresariales que generarán 2.800 empleos y más de 750 millones de euros de ayudas invertidos en seis años para acciones de "transición justa" en las comarcas del país afectadas por el cierre de las minas. Son las cifras esgrimidas ayer por el Gobierno en el marco de la comisión de seguimiento del plan minero, el denominado Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón, en vigor desde 2018 y hasta 2027. En las últimas fechas, el SOMA había criticado los resultados de las políticas de reactivación.

La reunión, celebrada en Madrid, estuvo presidida por la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, con la participación de representantes de CC OO de la Industria, UGT-FICA y USO, y de la patronal Carbunión. También asistió la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Laura Martín.

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Ribera destacó el "alto grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos" en el plan. Por su parte, Laura Martín anunció que "en el ITJ trabajamos para lanzar nuevas líneas de ayudas con un valor de 69 millones de euros que permitirán financiar proyectos de infraestructuras municipales e iniciativas empresariales locales que quedaron fuera en anteriores convocatorias".

El Ministerio informó de que el plan social incluido en el acuerdo "ha permitido el acceso a ayudas por prejubilación para 327 trabajadores y a bajas indemnizadas para 36". Sobre la bolsa de empleo para contratar a 308 excedentes del sector (trabajadores directos y también de las subcontratas) en la restauración de las minas y en iniciativas apoyadas por el ITJ, el Gobierno sostiene que "un 90 por ciento de los inscritos en disposición de trabajar está actualmente empleados". Y que se "trabaja para reforzar el apoyo para la veintena de personas aún desempleadas". En el marco del plan de restauración, se van a recuperar más de 4.000 hectáreas de áreas afectadas por la actividad del carbón, con una inversión próxima a los 220 millones de euros. Un 54 por ciento de las personas de la bolsa de empleo están empleadas en estas tareas.

El Gobierno también destacó que el ITJ ha convocado desde 2019 ayudas por valor de 45 millones para iniciativas empresariales y pequeños proyectos de inversión en zonas mineras. Hasta la fecha, se han apoyado 279 proyectos, que "se estima que crearán 1.400 nuevos empleos y movilizarán más de 340 millones de inversión en los concejos mineros españoles. A este montante se sumará la resolución de ayudas actualmente en curso (50 millones) prevista para antes de que acabe el año y el lanzamiento de dos nuevas convocatorias dotadas con 27 millones: "La suma de todas estas ayudas arrojará un compromiso global de creación de empleo de 2.800 puestos de trabajo en municipios mineros".

Según el balance del Gobierno, los municipios han recibido 49 millones en ayudas para la creación de infraestructuras sociales, ambientales y digitales, y el Instituto de Transición Justa está trabajando también para lanzar "una convocatoria adicional de ayudas".

Los sindicatos, a la espera de un análisis, más profundo ya lanzaron ayer una primera reacción. Así lo hizo UGT-FICA, por medio de su secretario federal, Víctor Fernández. "Hacemos una valoración positiva de la reunión, ya que hemos podido abordar los temas pendientes de un acuerdo único en el mundo y que, además, tiene soporte presupuestario aprobado. Seguiremos insistiendo en su cumplimiento íntegro para dar cobertura a todos los trabajadores afectados, y poder culminar el proceso de cambio de la estructura socioeconómica de unos territorios afectados por el cierre de todo un sector".

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