El balance de la violencia de género en Mieres: 69 denuncias el pasado año, el 10 por ciento de riesgo alto

El Ayuntamiento fue de los primeros en activar un servicio policial de protección a la víctimas, en funcionamiento desde 2005

Participantes en la manifestación del año pasado por el 8-M, celebrada en Mieres,

Participantes en la manifestación del año pasado por el 8-M, celebrada en Mieres, / Irma Collín

Un total de 69 mujeres presentaron el año pasado en Mieres denuncias relacionadas con violencia de género. La protección de estas víctimas recae en la Policía Local en 30 de estos casos. Según los últimos recuentos, de esta treintena de procedimientos abiertos, 3 han sido considerados por los expertos como de riesgo alto. La mitad están calificados de riesgo medio o bajo, mientras que en doce de las denuncias la investigación no ha detectado riesgo significativo. 

La Policía Local de Mieres creó en 2005 una unidad especializada que desde entonces se encarga de velar por la seguridad de mujeres víctimas de la violencia de género. El Ayuntamiento mierense fue de los primeros de toda España en poner en marcha un programa preventivo de estas características, con dos agentes dedicados en exclusiva a tales funciones. Con una plantilla que no llega a medio centenar de policías, dos agentes están asignados permanente a las labores de seguimiento y protección de las víctimas, con el apoyo del resto de la dotación en caso de ser necesario.

En el caso de Mieres, las fuerzas de seguridad y el centro asesor de la Mujer trabajan siempre de forma conjunta. Los primeros se ocupan de proteger la integridad física de la víctima, mientras que el centro coordina al resto de profesionales que intervienen en los casos de violencia de género. Se trata de psicólogos, junto con otros terapeutas y abogados, además de todos los servicios que requiera cada caso concreto. Ahora bien, el trabajo de la Policía local va más allá de atender posibles emergencias.

Las mujeres bajo control disponen desde hace años de terminales de teleasistencia que pueden activar si ven amenazadas. La actuación inicial corre a cargo del servicio de Seguridad Ciudadana, el 092, que acude al lugar y, si es necesario, proceden a la detención del agresor. A continuación los agentes especializados se hacen cargo de la mujer, encargándose de la atención que requieren e, incluso, acompañándolas a los juicios.

El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales

La intención del Ayuntamiento de Mieres era poder reforzar la implicación municipal en la lucha contra la violencia contra la mujer. El Principado apostó el año pasado por el Chalé de Figaredo como sede del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Finalmente, el servicio se va a quedar en Oviedo. Esta decisión causó indignación a nivel municipal. El alcalde, Manuel Ángel Álvarez, aseguró el pasado mes de enero que la decisión «refleja que al Principado se le llena la boca a la hora de hablar de proyectos en zonas rurales y despobladas, y luego se lleva las grandes inversiones, que generan empleo y dinamizan la zona, a la capital».

En diciembre de 2022, la entonces directora general de Igualdad, la turonesa Nuria Varela, presentaba en el Ayuntamiento de Mieres el proyecto para llevar al inmueble de Figaredo el gran centro de crisis. Una iniciativa que contaba casi con millón y medio de euros de inversión de fondos europeos y que iba no solo a recuperar la actividad en el chalé, sino a permitir mejorar el servicio que se prestaba a las víctimas de agresiones sexuales, con más personal y recursos. Una presentación en la que la responsable del Principado detallaba algunos beneficios de tener este centro en la localidad mierense, entre otras cosas por su amplio espacio: «Nos permitirá realizar formaciones, terapias de grupo e incluso tener una residencia para aquellas mujeres que necesiten pernoctar una noche o varias», señalaba Varela.

Sin embargo, unos meses más tarde, cuando las obras debería haber estado ya en marcha, el Gobierno regional reculaba en su decisión inicial. Alegaban que el problema estaba en el uso público que tenían los jardines de la finca y que chocaba frontalmente con la necesidad de privacidad y seguridad de un centro de esas características. El Ayuntamiento de Mieres salió rápido al paso, con informes que detallaban que no había impedimento por cerrar la zona exterior y que ya en el nuevo plan urbanístico del concejo se detallaba esa posibilidad.

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