El grupo alimentario El Arco pide "calma" a sus 600 empleados, con retrasos en el cobro de los salarios

La grave crisis financiera del grupo langreano El Arco tiene en vilo a casi 600 trabajadores, en un alto porcentaje residentes en las Cuencas. La información que la dirección de la cadena traslada a la plantilla a través del comité de empresa es que el sostenimiento de los puestos de trabajo es una prioridad en la avanzada operación de venta que está en marcha. Pese a los constantes llamamientos a la "calma", entre el personal late una creciente inquietud. Y es que el pago de las nóminas ha llegado a retrasarse en algunos casos casi un mes entero. Además, los trabajadores constatan cada día los problemas de abastecimiento. Y es que los proveedores, con los que la compañía mantiene una deuda de 22 millones que pretende finiquitar con una traumática quita del 70 por ciento, han dejado mayoritariamente de suministrar sus productos. Está siendo la parte compradora, el potente grupo orensano Cuevas, quien está abasteciendo las tiendas, mientras se cierra la operación, para que la actividad comercial pueda continuar y cumplir así con los pagos de las nóminas.

La plantilla de El Arco desconoce el estado de la negociación entre firma langreana y el Grupo Cuevas. "Nos repiten que estemos tranquilos y que los ajustes serán mínimos, pero hay muchos nerviosismo e inquietud", señalan trabajadores de la compañía. El comité de empresa viene demandando permanentemente a la empresa acabar con los retrasos en los pagos de las nóminas. Sobre el plan de reestructuración que se negocia, los sindicatos son de momento prudentes a la hora de pronunciarse. Hasta ahora se les ha trasladado que, de los 599 trabajadores de El Arco, alrededor de 460 pasarían a depender de la nueva compañía que surgiría de una operación en la que la firma gallega se haría con el 90 por ciento del control. El resto seguiría ligado a la firma asturiana, ya que la venta no incluye la totalidad de su actividad.

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El plan de reestructuración, como ya adelantó este diario, recoge también la necesidad de abordar un ajuste laboral con 28 despidos. De momento, a la plantilla no se les ha trasladado ninguna indicación sobre este apartado. En todo caso, siempre según lo establecido en la negociación, las citadas bajas, de ejecutarse, podrían tramitarse a través de las fórmulas menos lesivas, como jubilaciones o acuerdos entre las partes.

El preacuerdo que está sobre la mesa y que en última instancia tendrá que ratificar un juez mercantil contempla la venta de 29 tiendas, de marca Economato y Arco Plaza, así como de dos plataformas logísticas. Inicialmente, Cuevas se quedaría con el citado noventa por ciento de la nueva compañía y El Arco les transferiría el diez por ciento restante en dos años. El convenio dejaría la puerta abierta, siempre según el contenido explícito de lo que ha quedado reflejado por escrito, a los también citados 28 despidos, más allá de que estas bajas laborales puedan al final reducirse o transformarse en otros procedimientos de cancelación, como jubilaciones o similares.

La cadena no deja de trasladar a la plantilla que el objetivo de la operación es proceder a la venta sin ajustes traumáticos, pese a que en el proceso de conversaciones la empresa compradora barajó un recorte que conllevaba eliminar hasta 115 puestos de trabajo. Según recoge uno de los anexos del plan de reestructuración, en enero se propuso amortizar los citados empleos. Se llegó a articular incluso un procedimiento. Las cargas económicas generadas por esos despidos, es decir, las indemnizaciones principalmente, supondría un desembolso de 1,6 millones de euros. Esta cantidad sería satisfecha a través de la venta del stock de las tiendas. Dicho de otra manera, El Arco, en paralelo a la venta de supermercados y tiendas, despacharía a Cuevas los productos que actualmente tiene en las mismas y con ese dinero abonaría las indemnizaciones.

Aunque ha quedado recogido en el citado anexo del expediente, el recorte de 115 puestos no figura en el plan de reestructuración pendiente de aprobar. Las fuentes vinculadas a la negociación consultadas por este diario aseguran que esta medida está fuera del acuerdo. Lo afirman con rotundidad. Al comité de empresa no se le ha trasladado tan siquiera esta medida.

A la espera de que conocer el resultado final de las negociaciones, la plantilla reconoce que el nerviosismo es creciente. Junto con los retrasos en el pago de las nóminas, los trabajos ven con inquietud cómo está cayendo la actividad. Fuentes internas consultadas por este diario señalan que, por ejemplo, la cadena venía moviendo 80.000 kilos de frutas diarios, con picos de 120.000 los sábados. "Actualmente estaremos en un tercio de ese volumen", señalan los trabajadores. Además, en los centros logísticos se percibe la tensión con los proveedores. "Muchos camiones han dejado de dar servicio y es raro el que no se queja de que le deben al menos 10.000 euros".

La resolución de la crisis

La cadena aún tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar acabar en manos de una administración concursal, con alto riesgo de que el procedimiento acabe en liquidación. No será fácil convencer a los afectados, sobre todo a las pequeñas empresas, la más castigadas. Son unos 600 productores, con arraigo en el territorio casi todos, y a los que se les deben 17 millones. Sectores como el cárnico afirman que en su caso están en juego más de 650 empleos.

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