El grupo alimentario El Arco arrastra en su crisis a cientos de pequeños productores: "Nos arruinan"

Unas 600 pymes y autónomos se ven abocados a asumir una "abusiva" quita del 70% sobre los casi 17 millones que les adeuda la cadena

Instalaciones de El Economato de Mieres. | D. M.

Instalaciones de El Economato de Mieres. | D. M. / David Montañés

Cientos de pequeñas empresas agroalimentarias y autónomos de la región, en alta proporción de las Cuencas, se han visto sacudidas por un terremoto que tiene su epicentro en la grave crisis financiera del grupo langreano El Arco. El plan de reestructuración financiera diseñado por la firma para acometer la venta de gran parte sus actividades al grupo orensano Cuevas demanda de los acreedores un esfuerzo económico que, en muchos casos, pone en riesgo su propia estabilidad económica. Los afectados consultados por este diario hablan de "condiciones leoninas y abusivas". Y es que se plantea directamente una quita del 70 por ciento de la deuda. Del 30 por ciento que percibirían, un 5,5 por ciento se reservaría para "posibles contingencias" en la operación de reestructuración. Por tanto, a los proveedores se les ofrece cobrar un 24,5 por ciento de débito que reclaman. Además, el pago sería amortizable en ocho años.

El Grupo El Arco, al que pertenece la cadena de supermercados El Economato –antiguos economatos de Hunosa–, acumula una deuda de 31 millones de euros. El problema es que 22 millones corresponden directamente a impagos a sus proveedores. Pero el gran percance es que el grueso de las empresas suministradoras son firmas de pequeño tamaño, en muchos casos negocios familiares y autónomos dedicados a la producción de alimentos. En su conjunto, a las pymes se les adeuda en concreto 16.912.427 euros. Estos acreedores son alrededor de 600 y tienen casi todos ellos un enorme arraigo con el territorio, siendo en gran número negocios artesanales que tienen a El Arco como uno de sus principales clientes. A más de 200 se les adeuda entre 40.000 y 10.000 euros. Se les pide que de los cerca de 17 millones que tienen pendiente de cobrar, en conjunto, renuncien a casi 12. Más individualizado, quien tenga 30.000 euros paralizados, cobraría únicamente 9.000. Lo haría en un plazo de 8 años y, además, de esta cantidad deberían dejar otros 1.350 euros en una bolsa para contingencias. "Nos quieren arruinar, pidiéndonos que sufraguemos con nuestro dinero la operación de saneamiento", señalan los portavoces de los afectados consultados por este diario.

La supervivencia de El Arco parece depender de una transfusión de sangre que necesariamente debe llegar a través de una "donación" de la pequeña industria agroalimentaria asturiana, que debe renunciar a cobrar 12 millones de euros por servicios ya prestados. La alternativa apunta a que la cadena se vería abocada a un concurso de acreedores, con alto riesgo de que conllevará el inicio de un procedimiento de liquidación. Muchos de los afectados ya han recurrido a abogados. El sentir general apunta a rechazar el ofrecimiento, pero según letrados que han tenido acceso a la documentación, ya existe una resolución judicial que avala un acuerdo previo con las entidades bancarias, a las que se les debe 9 millones. De esta forma, la quita del 70 por ciento estaría ya aprobada. Los acreedores, mientras intentan conocer si la "desmesurada" quita, como parece, es ya irreversible, reconocen estar "angustiados". Subrayan que para el grueso de los afectados está en juego "el trabajo de muchos meses", incluso "el futuro" de sus negocios.

Los acreedores de las comarcas del Caudal y del Nalón consultados por este diario, en varios casos a través de sus abogados, sostiene que su intención era rechazar la oferta que El Arco les ha puesto sobre la mesa para acometer la reestructuración financiera necesaria para cerrar el acuerdo de venta al Grupo Cuevas. Les preocupa que el acuerdo con los bancos les deje sin capacidad de maniobra. El preacuerdo contempla la venta de 29 tiendas, de marca Economato y Arco Plaza, así como de dos plataformas logísticas. Inicialmente Cuevas se quedaría con el 90 por ciento de la compañía y El Arco les transferiría el 10 por ciento restante en dos años. Como primer paso, El Arco mantiene la gestión de la plantilla –más de medio millar de trabajadores– y el Grupo Cuevas se encargará del suministro de mercancías.

Este pacto ha puesto igualmente en una difícil situación a los proveedores, que tras "cortar el grifo", dudan ahora si retomar el negocio con el posible nuevo propietario, que ya se encarga de gestionar los pedidos. "Nos dicen que la empresa es solvente y las condiciones son mejores que las que teníamos hasta ahora, pero al final no tenemos garantías de pago y estamos en una situación límite", explican a este diario los responsables de una pequeña empresa de alimentación de la comarca del Caudal, que tiene pendientes de cobro casi 25.000 euros. "La situación es desesperante. En su momento se nos dieron tres pagares que no podemos cobrar y, tras consultarlo con los abogados, resulta que no podemos hacer nada legalmente para reclamarlo. Son papel mojado", lamentan los dueños de esta pequeña firma de carácter familiar.

Una operación que va más allá de 28 despidos y "debilita" todo el sector productivo

El Grupo El Arco tiene actualmente 599 trabajadores, según recoge el plan de reestructuración de la empresa. Al margen de los acuerdos privados que hayan podido alcanzar vendedor y comprador, el documento recoge la necesidad de abordar 28 despidos. La deuda con la plantilla asciende a 270.000 euros.

Los acreedores subrayan que el daño para el tejido laboral asturiano va mucho más allá de los 28 empleos que el plan de reestructura ya considera necesario suprimir a nivel interno. Los afectados por la quita del 70 por ciento sobre la deuda a proveedores apuntan que son muchos los empleos que están en juego: "Las pequeñas empresas tenemos trabajadores y golpes como este pueden ser inasumibles para muchos de los proyectos", subrayan los portavoces del colectivo.

"Este abuso supone debilitar notablemente a los numerosos productores de alimentos que están asentados en el territorio. Formamos parte de la riqueza del territorio y somos esenciales para fijar población", dice una conocida empresaria de la comarca del Caudal.

"Nosotros no podemos sufragar una operación de venta, por mucho que se quiera decir que el objetivo es mantener el grueso del empleo de la cadena. Nosotros también tenemos empleados y familias que viven de un trabajo por el que ahora no se quiere pagar", apuntan los acreedores consultados por este diario. El malestar es tremendo. El sentir general es que son víctima de un "abuso".

"Cuando te encuentras en situaciones como estas, te embarga un sentimiento de indefensión, ya que percibes que la ley están desarrollada para proteger al fuerte", remarcan los afectados.

Las características de la actividad empresarial que desarrolla El Arco conllevan que el grueso de la deuda recaiga sobre un sector atomizado definido por el sostenimiento de factorías de pequeño tamaño, de carácter artesanal en muchos casos. La distribución del pasivo pone de manifiesto que la crisis de El Arco es una gran problema conformado por la suma de infinidad de pequeño problemas.

El desglose de la deuda establece que a lo que se considera como grandes compañías se les debe, en conjunto, 3,3 millones de euros. Son un total de 85 firmas, entre las que se encuentran gigantes como Campofrío, Argal, Danone o El Pozo. La media de la deuda es de 43.000 euros. En cuanto a las pequeñas empresas, son 593 las acreedoras y suman un descubierto de 16,9 millones. La media de la deuda por afectado es, en este caso, de 28.500 euros.

"Cien mil euros para una compañía grande no es un problema, ya que tienen herramientas para equilibrar las cuentas. Pero para una empresa familiar de alimentación veinte o diez mil euros puede significar la ruina", señalan los acreedores con los que ha contactado este diario. A estas alturas, asumen con un punto de resignación que tienen "poco margen de maniobra". Reclaman que todo el peso económico de la operación no recaiga sobre ellos.

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