En la época preindustrial, la enseñanza de las escuelas de primeras letras, luego enseñanza primaria, se impartía generalmente en casas abandonadas, en hórreos, en los atrios de las iglesias o debajo de un árbol cuando el buen tiempo lo permitía. Además, por esos años, las leyes educativas eran dispersas, imprecisas, escasamente funcionales. El desarrollo de la industrialización exigía un cambio radical del sistema educativo para ir adaptándolo a una sociedad más heterogénea y dinámica. Y para rebajar el muy alto índice de analfabetismo que había en España.
Con tal fin, en 1857 se aprueba una ley general de Instrucción Pública, que unificaba la enseñanza pública e instituía un sistema educativo nacional. Se la conoce como ley Moyano: por Claudio Moyano, nombre del ministro que la firmó hace 160 años.
A pesar de su carácter elitista, principalmente en la enseñanza universitaria, y de que la iglesia seguía ejerciendo un gran control sobre los contenidos educativos, la ley Moyano supuso un gran avance respecto a anteriores reglamentos educativos. Por ejemplo, fijaba la escolaridad obligatoria entre los seis y los nueve años, con programas diferentes para niños y niñas en determinadas materias, según las pautas culturales dominantes.
Asimismo, la enseñanza primaria pasaba a depender de los ayuntamientos; la secundaria correspondía a las provincias y la Universidad era exclusiva competencia del Estado. Y aunque se permitían centros privados en la primera y segunda enseñanza, sólo el Estado podía conceder ese derecho: era el fin del monopolio educativo de las órdenes religiosas.
La ley Moyano estableció, al menos en teoría, unos sueldos dignos a los maestros. Pero las leyes no resuelven por sí mismas los problemas. Para ello hace falta voluntad política. Medidas concretas. Y también disponer de los suficientes medios económicos.
En tal sentido, todavía a fines del siglo diecinueve y principios del veinte se denunciaba en la prensa asturiana que los maestros "iban pregonando con su miseria las desdichas de un país ingrato con los que más y mejor le sirven". Pero su situación no sólo mejoró durante la Segunda República, sino que se sublimó su función profesional. Así, tres meses después de implantarse el régimen republicano se afirmaba en una prestigiosa revista pedagógica que "la República española ha de ser la República de los maestros. Lo que estos hagan en las escuelas, en sus asociaciones, en sus asambleas, será, en último término, lo que haya de ser la República".
La ley Moyano se gestó durante el llamado bienio progresista (1854-1856) y se aplicó luego cuando gobernaban los moderados. No hubo mayores dificultades para ser aprobada: el sistema educativo era entonces bastante menos complejo y menores los intereses en juego.
Aunque sufrió diferentes reformas para acomodarla a nuevas realidades sociopolíticas, la estructura de ley Moyano se mantuvo vigente durante 113 años: hasta 1970. Ninguna ley española contemporánea ha sido tan longeva. Y sirva como contraste que, desde 1970, se han promulgado en España siete leyes educativas diferentes, casi todas muy impugnadas. La última hace unos días. Por eso se habla mucho de la necesidad de un pacto nacional para la educación. Un pacto que se presenta como una suerte de panacea universal. Si bien todo depende de lo que se pacte.
En definitiva, y a pesar de los radicales cambios económicos, políticos, sociales o culturales que se han producido en los 160 años que cumple ahora la ley Moyano, creo que aún está vivo aquel sabio principio aristotélico sobre el proceso formativo: "Ahora y siempre el esfuerzo y la disciplina son imprescindibles para alcanzar cualquier meta educativa. Un esfuerzo que tiene que poner cada cual. Que no es ningún regalo de los dioses".
