El Congreso de los Diputados aprobó días pasados, por escaso margen, una nueva ley de Educación. Al término de la votación, la mitad del hemiciclo aplaudió con fuerza y la otra mitad gritó “libertad” durante algunos minutos. Ninguna de las leyes educativas de la democracia tuvo el apoyo de la oposición. Algo que contextualiza perfectamente la situación que se vivió en el Parlamento.
En los últimos cuarenta años llevamos ocho normas, y antes de aprobarse definitivamente la octava (falta el trámite del Senado), el Partido Popular anuncia ya la novena para cuando llegue de nuevo al poder, mientras tanto amenaza con que pondrá todas las trabas posibles para su aplicación en las autonomías donde gobierna.
Echando la vista atrás en el tiempo, la Ley Moyano fue la primera norma educativa de alcance nacional que se promulgó en España. Disponía que la enseñanza primaria era competencia de los ayuntamientos, la secundaria correspondía a las provincias y la Universidad dependía del Estado.
Fijaba además la escolaridad obligatoria entre los tres y los nueve años. Establecía sueldos dignos para los maestros. Y suponía el fin del monopolio educativo de las órdenes religiosas.
Con algunas modificaciones, la Ley Moyano estuvo vigente durante 113 años; es decir, hasta 1970, año en el que se promulgó la Ley General de Educación.
En la España democrática faltó altura de miras para acordar un pacto educativo nacional. Sólo lo intentó Ángel Gabilondo, ministro de Educación con el presidente Zapatero.
Hace diez años, Gabilondo trató de alcanzar un acuerdo de Estado, porque la enseñanza “no funcionaba bien” y era necesario buscar una estabilidad normativa y financiera por encima de los interés partidistas. Por ello era determinante la postura del Partido Popular, representado en aquellas negociaciones por María Dolores de Cospedal.
Después de un año de intensos debates, casi todos los agentes implicados habían llegado a un acuerdo de mínimos, pero el pacto no se firmó. Fracasó, entre otras razones, porque no estaban bien reconocidos “los hechos diferenciales” en las autonomías en las que gobernaban partidos nacionalistas. (De igual modo, Esquerra Republicana exigió la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña para apoyar la nueva ley de Educación)
Si nadie lo remedia, se auguran tiempos conflictivos para su aplicación, sobre todo en asuntos como la escuela concertada, la Religión, la financiación o la repetición de curso. Sin embargo, apenas se habla de los miles de escolares deficientemente alojados en barracones provisionales. Más aún: la enseñanza seguirá utilizándose lamentablemente como arma arrojadiza ideológica con fines electorales.
En resumen, dadas las circunstancias, creo que sigue más vigente que nunca el principio aristotélico de que “los jóvenes no deben ser instruidos para deleite y diversión, pues el esfuerzo y la disciplina son imprescindibles para alcanzar cualquier meta educativa. Un esfuerzo que tiene que poner cada cual. Que nunca es un regalo de los dioses”.
Ni es tampoco un regalo de las leyes.
