Bueno, pues finalmente, a pesar de las alertas, el gobierno municipal cometió el error de minusvalorar la capacidad de unión e influencia del colectivo de propietarios de perros, dejando crecer la ola de malestar generado por una ordenanza más restrictiva y punitiva. Una metedura de pata de consideración que ha puesto al alcalde y a los concejales involucrados en una situación muy incómoda. Tanto que ahora no queda más remedio que agachar las orejas y ponerse a suavizar la norma.
Y a ello se ha llegado como consecuencia de ese síndrome tan común en política de ignorar el pulso de la calle. Y en Mieres, ese pulso, al ritmo marcado por los vecinos unidos por su condición de propietarios de mascotas, se ha ido acelerando hasta casi provocar la taquicardia en los principales despachos de la casa consistorial.
Durante meses el equipo de gobierno ha actuado con una notable torpeza, seguro de que la presión cedería, desoyendo las reclamaciones del colectivo. Pero la presión se mantiene, las voces ya se escuchan más allá de nuestras fronteras, los foros transmiten una imagen muy negativa de Mieres y el nutrido grupo que se opone a la nueva ordenanza ha ganado presencia y fuerza, la que otorgada por la miope estrategia del gobierno local.
Lo que pudo quedar en un desacuerdo puntual con fácil solución hoy es un problema en toda regla que va a obligar a la autoridad a reconocer que metió la pata y dar marcha atrás, un lío que ha traído no poco malestar, unas cuantas sanciones desproporcionadas y una imagen lamentable.
Y es que cuando se deja de tener los pies en el suelo pasan estas cosas, que se toman decisiones innecesariamente perjudiciales para los vecinos, se sancionan con dureza unas conductas mientras que otras, más dañinas, no se persiguen y, en definitiva, se deja de escuchar al administrado, que frecuentemente tiene razón.
