¿Reedición de un Gobierno progresista?

Los resultados de las elecciones generales del pasado 23-J han dejado sobre la mesa un escenario de futuro incierto, ya que, salvo que Pedro Sánchez decida lo contrario, el próximo Gobierno de España será lo que decidan los intereses del 7,42 por ciento del recién elegido Congreso de los Diputados. Dicho en román paladino: será lo que quieran ERC, Junts, EHBildu, PNV y BNG. Es decir, 1.616.988 de los 24.507.715 que ejercieron su derecho en todo el territorio nacional, esto es 26 diputados del total de los 350 diputados que resultaron elegidos el 23-J, decidirán el gobierno de España.

Es verdad que lo más tranquilizador ha sido que la opción de un gobierno participado por Vox ha quedado disipada, de momento, pero ello no quiere decir que la socialdemocracia del PSOE que ha liderado la coalición progresista durante los últimos cuatro años lo vaya a tener fácil, pues necesita sí o sí del apoyo de las mencionadas formaciones políticas, muchas de ellas, como Junts o PNV, son más de derechas que el "palu de la bandera falangista". Tal es así que ni siquiera podría descartarse la posibilidad de agotar el plazo que marca la normativa sin acuerdo y tener que volver a convocar elecciones.

Pero, ¿de verdad que un gobierno PSOE-Sumar garantiza una salida favorable para la mayoría social? En absoluto. Por mucho que ambas formaciones hayan intentado sacar pecho durante la campaña electoral a propósito de algunas medidas implementadas durante su periodo de gobierno, el principal argumento que se ha utilizado durante la misma para movilizar al electorado ha sido el de frenar la entrada de Vox a un eventual acuerdo de gobierno con el PP, pero ello no es suficiente, sino son capaces de abrir una salida política acorde a los intereses de la mayoría social, lo que no parece factible si atendemos a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de coalición con instituciones como la OTAN o la propia Unión Europea.

Además, no nos engañemos, a Pedro Sánchez le ha salido otro grano del que nadie habla. Me refiero a los 5 diputados de Podemos surgidos de Sumar –concentración de 17 partidos en la plataforma de Yolanda Díaz– que, como es conocido, rinden pleitesía a Pablo Iglesias y no a Yolanda. ¿Es descartable que el exvicepresidente con su inteligente maldad para saciar su sed de venganza pudiera exigir el Ministerio de Igualdad para su compañera Irene Montero a cambio de sus cinco escaños?

Vayamos a lo importante. El Gobierno que surja de estas elecciones, si es que surge algún Gobierno, debe enfrentarse a un marco restrictivo desde el punto de vista fiscal que, además, se une a la política monetaria fuertemente represiva del Banco Central Europeo. No en vano, la UE ha regresado a la disciplina fiscal que dejó en suspenso tras el estallido de la crisis vinculada a la pandemia. Durante los últimos meses, la Comisión Europea ha preparado el terreno para recuperarla, lo que tiene un impacto directo sobre las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población.

En su propuesta para desactivar la cláusula de escape y reformar las reglas fiscales (recogida en "Communication on orientations for a reform of the EU economic governance frame work" y "Fiscal policy guidance for 2024", muy aplaudida por instituciones como el FMI, además de justificar la necesidad de volver a la "prudencia fiscal", la Comisión Europea marca las prioridades que han de guiar la elaboración de los presupuestos públicos de cada país. Entre ellas, se destacan los gastos militares, así como inversiones en infraestructuras y otras que resultan funcionales al capital.

Nadie se engañe, y que nadie trate de seguir engañando al pueblo. Este es el compromiso adquirido en el seno de la OTAN, donde los Estados adheridos están comprometidos desde hace más de un año a relanzar los presupuestos militares, consecuencia de la escalada belicista de estos últimos años, que explican el acuerdo para destinar hasta el 2% del PIB en los presupuestos de la defensa, de tal manera que el Gobierno de España tendrá que presentar su propuesta de Presupuestos Generales el próximo otoño.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta el deterioro de las finanzas públicas resultado de la recesión abierta desde hace ya más de una década, que ha provocado el crecimiento desproporcionado de los niveles de deuda pública hasta el 115 % del PIB (1,5 billones de euros), sin olvidar el escenario de incertidumbre política derivado de las dificultades para conformar un pacto de gobierno, en manos de los nacionalistas e independentistas de Cataluña, el País Vasco y, circunstancialmente, Galicia y hasta Canarias.

Al respecto, hay que dejar claro que el actual presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está perfectamente legitimado para negociar con todos aquellos representantes políticos que han resultado elegidos en las elecciones del 23-J, aunque otro tema distinto sea el precio que tenga que pagar para conseguirlo a través de la "tómbola" instalada en La Moncloa, donde el compro, cambio, vendo, mango, tan habitual en las negociaciones políticas, quedará bastante ridículo cuando empiece el trapicheo que se avecina.

Más claro: el Gobierno de España tiene asumido el compromiso con las instituciones comunitarias para cumplir con el objetivo del déficit que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ya en 2024, reduciéndolo hasta el 3% del PIB, lo que lleva implícito la aplicación de un ajuste adicional superior a los 10.000 millones de euros en el gasto público.

De ahí que las posibilidades de reforzar los sistemas públicos de protección social como la sanidad, educación, pensiones o dependencia, sean nulas, siendo, por el contrario, los que sufrirán los consiguientes recortes, sobre todo si tenemos en cuenta el sometimiento del Gobierno progresista PSOE-Unidas Podemos frente a las directrices de la OTAN: en los presupuestos del 2023 la partida que experimentó un crecimiento más intenso fue el gasto en defensa (más del 25% anual), consignándose así el compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el objetivo de que en España el gasto en defensa alcance el 2% del PIB en un plazo de ocho años.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, se impone la necesidad de buscar una salida política que, efectivamente, refleje esa voluntad mayoritaria expresada en las urnas, repudiando, por una parte los acuerdos alcanzados con la OTAN que nos llevan a la destrucción y a un mayor empobrecimiento, y por otra, rechazando esa disciplina fiscal auspiciada desde la UE que, al final solo quedan obligados a cumplir aquellos países que, como España, quedan encuadrados en la tercera división europea, muy lejos de aquella Champions League donde nos encuadraba un tal Zapatero, de tal manera que, mientras que no se rompa con este corsé, será totalmente inviable poder llevar a buen puerto cualquier alternativa de progreso social.

A modo de resumen: mientras la Ley D’Hondt permita los tratos de favor a Cataluña y el País Vasco esto será lo que tenemos encima, en tanto y cuanto una nueva Ley Electoral permita gobernar sin el sometimiento del chantaje permanente, y mientras esto llegue, que tardará en llegar, el voto de un ciudadano de Baracaldo o Lleida seguirá valiendo el doble y triple que el de Cáceres o Asturias.

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