Democratizar las empresas

Las comparaciones son recursos literarios que consisten en identificar características similares o diferentes que existen entre ciertos objetos. Y dado que lo de medir ángulos o sopesar medidas forma parte del inventario de cada cual, podemos encontrarnos con que en ocasiones no sea la mejor sombra quien cobije al bosque, sino aquella que más interese en cada momento.

Cuando la ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunció que el próximo gran objetivo laboral para los próximos años es democratizar las empresas a través de la entrada de los trabajadores en el consejo de administración de las mismas, además de poner de relieve que tal medida ya está implantada en distintos países (de forma regulada, es ya una realidad en 18 países del mundo), significaría desarrollar el artículo 129.2 de nuestra Constitución: "Los poderes promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentará, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Lo que se traduciría, fundamentalmente, en la presencia en los consejos de administración de los trabajadores a través de su representante legal.

Sin embargo, las aguas corren cauce arriba por lo que a este tema se refiere, pues la resistencia a este proyecto no ha cesado de crecer. Abandonar el cortoplacismo y centrarse en el largo plazo, así como tener en cuenta a más grupos de interés –no solo al de los accionistas–, debiera de ser un objetivo de las empresas, pero no ocurre así. De siempre, los empresarios (una vez más reitero que no son todos iguales), se han acostumbrado a planificar sus metas sin más horizonte que la acumulación de capitales, dejando a un lado cuestiones tan importantes (añadiría que pronto se convertirán en trascendentales) como son las relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad o el gobierno corporativo.

Hace unos días la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición de ley de Sumar, para incluir a los trabajadores, sus representantes y sindicatos en los consejos de administración de las empresas y grupos empresariales.

No extraña mucho que se hayan producido reacciones así en las filas conservadoras. Lo que ya resulta más difícil de entender son los argumentos que, con las mejores intenciones (o eso quiero entender), basan su oposición en cuestiones relativas a la mala praxis que puede darse por parte de los trabajadores o que en ocasiones se dio. Vale que se diga que la labor dentro de esos pasillos no es tarea fácil, precisamente, lo que es cierto, pero de ahí a demonizar la idea porque haya habido casos negativos, no parece lo más oportuno.

Si tuviera que dar una opinión, basada en mi experiencia laboral, diría que adelante con el planteamiento. Durante mi época de trabajo en Perfrisa, Paco, nuestro representante en el consejo de administración, dio muestras de una conducta intachable, defendiendo siempre a los trabajadores. Y me consta que no ha sido el único que ha actuado así. Posteriormente, por desgracia, una ley puso fin a tal situación.

Los prejuicios no son las mejores armas, y más si se mezclan con las balas que llegan desde otras trincheras. Quedémonos con la buena intención del propósito y las ventajas que conlleva el poder escrutar, en directo, la contabilidad de una empresa. A fin de cuentas, es de la que depende nuestro salario y su consiguiente calidad de vida.

Suscríbete para seguir leyendo