La Audiencia retiene las indemnizaciones de 15 millones que cobró la cúpula de Abengoa
La juez Lamela admite la querella de dos bonistas de la empresa energética contra Benjumea y Sánchez y fija fianza
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa contra el expresidente de su consejo de administración Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y ha dado a ambos responsables un plazo de 24 horas para abonar fianzas por valor de los 15,9 millones de euros que cobraron de indemnización.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha admitido en un auto, dictado ayer con el informe favorable de la Fiscalía, la querella que atribuye delitos de administración desleal a Benjumea y Sánchez Ortega y considera a este último culpable de otro de uso de información privilegiada. La magistrada ha requerido a la compañía andaluza que envíe la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la "adopción de medidas cautelares sobre sus bienes".
Lamela ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que le envíe información sobre los pagos y sobre las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock, por el que fichó el ex consejero delegado.
Además, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha presentado demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de un grupo de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. La demanda, que se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, se fundamenta en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas.
Por otro lado, las entidades acreedoras de Abengoa han firmado un acuerdo de intenciones para inyectar a la empresa andaluza la liquidez que precisa de forma urgente, unos 113 millones de euros, en una operación en la que también participaría el ICO.
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