Javier Cuartas informaba el pasado 22 de mayo que España es el quinto país europeo con menos ingresos tributarios de la UE. Siendo esto así, es sorprendente que seamos, sin embargo, el país europeo con mayor presión fiscal sobre las herencias. En el cuadro adjunto el lector podrá sacar sus propias conclusiones. Hemos estudiado un supuesto básico, aplicando únicamente a la base imponible las reducciones por parentesco y de carácter general, sin considerar las relativas a circunstancias especiales del heredero o de la cosa heredada (que existen en todas las legislaciones y que sería imposible abordar en un trabajo periodístico), para una herencia de 500.000 euros recibida por el cónyuge viudo o por los hijos/as de la persona fallecida. Se han analizado las normativas de los 28 estados miembros de la Unión Europea, a los que hemos añadido algún otro país como Rusia, Noruega y Suiza por su relevancia. También incluimos un gráfico, que Asturias capitanea, con los tipos impositivos más altos de cada país. Por supuesto, nos hemos olvidado de los cinco o seis paraísos fiscales que funcionan en Europa, donde, según nos dicen, no han oído hablar nunca de impuestos sobre herencias.
La mayor parte de las autonomías españolas, haciendo uso de las competencias que para ello tienen, han corregido la excesiva presión fiscal del impuesto de sucesiones en España mediante bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto de hasta el 99 por ciento, o mediante modificaciones importantes en las reducciones de la base imponible o en las escalas de tipos impositivos. Solo Asturias, Andalucía, Extremadura y, últimamente, Aragón y Castilla-La Mancha (que vuelven a las andadas) mantienen la presión fiscal de la ley estatal, con muy ligeras concesiones al contribuyente, e, incluso, la han aumentado mediante la congelación de las cifras de la ley desde el año 2000, la subida constante de los valores de los inmuebles y, en los casos de Asturias y Andalucía, incrementando incluso los tipos impositivos de los últimos tramos de la tarifa. En Asturias, durante los últimos años, cuando la recesión económica ha reducido drásticamente las recaudaciones de la generalidad de los impuestos, el de Sucesiones no cesó de crecer año tras año en cifras de dos dígitos, convirtiéndose en la joya de la corona, en la gallina de los huevos de oro con el que, según parece, nuestros gobernantes tratan de equilibrar sus presupuestos.
No se puede bajar el impuesto, ni siquiera corregir el "error de salto", porque no hay dinero suficiente para cubrir las necesidades, nos dicen. Guardo un recorte de LA NUEVA ESPAÑA de fecha 22 de setiembre del pasado año, del profesor de matemática aplicada don Juan Luis Fernández, colaborador asiduo del periódico, en el que, dirigiéndose al presidente del Principado -que se queja de no tener dinero para inversiones- explica extraordinariamente bien, siguiendo el best-seller de Robert Kiyosaki, la diferencia que hay entre las inversiones productivas y las que no lo son. "El estado de bienestar -dice el profesor- es solo fruto del trabajo, de la riqueza que generamos, no del dinero que pedimos prestado para mantener un nivel de "inversiones" que quizá no nos podamos permitir dada nuestra productividad. Lo que no es válido a nivel privado (una familia que gana 100 no puede gastar 150 cada mes) tampoco debería serlo a nivel público, porque la factura del guateque la pagamos todos". Recomendaría a quien corresponda un repaso del artículo.
Los gobiernos populistas, y los que, oficialmente, no lo son tanto, cuando redactan unos presupuestos ponen el foco en el capítulo de gastos (hay que cumplir las promesas electorales), para buscar luego la financiación. El sistema puede ser válido cuando los impuestos y la deuda pública de un país están controlados pero cuando esos impuestos están al límite (no hablo de recaudación, a la que alude Cuartas, sino del nivel impositivo de la normativa), o la deuda pública está desbocada, el sistema es un suicidio. Para que una democracia sea sostenible, debe ser sostenible el estado de bienestar que trata de crear y el estado de bienestar que nos hemos dado en España en los últimos cuarenta años parece que no es sostenible. Haber pasado de un déficit del 7,5 por ciento del PIB en 1975 (Cuartas, LNE, 22/5/2016) a superar el 100 por ciento en 2016, es más que preocupante. ¿Se imaginan que eso pueda darse en una familia o en una empresa privada? En un país tampoco, porque no podemos disfrutar un estado de bienestar a costa de las deudas que van a tener que pagar nuestros hijos. Y si es preocupante la evolución del déficit no menos lo es haber pasado de 700.000 funcionarios públicos a más de tres millones. Cuando pienso en el crecimiento del gasto público, me viene siempre a la memoria Mariano Medina. Para los más jóvenes hay que explicar que Mariano Medina se bastaba y sobraba él solo en los años cincuenta/sesenta del pasado siglo para tener informados a todos los españoles sobre el pronóstico del tiempo: hoy, solo en la TV pública nacional, son necesarios cinco o seis presentadores para tal cometido, a los que habría que añadir todos los que repiten la misma información en las televisiones autonómicas, también públicas.
Para que un estado de bienestar sea sostenible los presupuestos debieran partir de los ingresos posibles y, después, darles el destino que, como dice el código civil, les daría un "buen padre de familia". Pero los gobiernos que empiezan la casa por el tejado se ven obligados a elevar los impuestos y la deuda hasta extremos insoportables y en España ya no pueden elevarse más ni los unos ni la otra: que los impuestos están al límite es obvio para las rentas más modestas pero tampoco las medias y las medias altas pueden soportar más presión fiscal. Un empresario que tenga unos beneficios en su empresa de 100 debe pagar un impuesto de sociedades del 28 por ciento, con lo que le quedan 72; cuando traslade tales beneficios a su cuenta particular deberá abonar del orden del 21 por ciento en el IRPF, con lo que ya le quedarán solo 57 y otro tanto sucede con el profesional que tenga que pagar un 45 por ciento en IRPF. Pero ambos, como también el resto de ciudadanos, tendrán que vivir pagando e121 por ciento de IVA cada vez que adquieran alguna cosa o requieran algún servicio, y tendrán que pagar el lBI y quizá el impuesto sobre el patrimonio y el ITP, y el impuesto de la electricidad cada vez que enciendan la luz, y el canon de saneamiento cada vez que abran el grifo, y el impuesto sobre el vino y el impuesto sobre la cerveza cada vez que entren en un bar, y el de las gasolinas cada vez que carguen el depósito y sufrirán las consecuencias de la legión de impuestos que las comunidades autónomas están inventando, como los de grandes superficies, los de las operaciones bancarias, los del céntimo sanitario, etcétera, etcétera, y si al final, milagrosamente, queda algo, el Impuesto de Sucesiones pondrá la puntilla.
Siempre nos quedará Casablanca, siempre nos quedarán las grandes fortunas para hacerlas tributar al máximo, pero éstas se han ido ya a Panamá. Y se seguirán yendo mientras la presión fiscal sea excesiva, como las clases más modestas acuden a la economía sumergida para sobrevivir. La democracia, repito una vez más, debe ser sostenible. No olvidemos que el Senado romano, cuando los problemas del Imperio le superaban, cuando las circunstancias se volvían muy difíciles, se veía obligado a nombrar un "dictador" con poderes excepcionales para salir del atolladero.
