La justicia francesa investiga si Renault trucó motores diésel
La compañía automovilística niega que haya manipulado los datos de emisiones
La Justicia francesa ha abierto una investigación a Renault para determinar si hay fraude en los dispositivos de control de emisiones contaminantes de los vehículos diésel del grupo, tras los resultados obtenidos por una comisión técnica que en 2015 examinó coches de diferentes marcas. La multinacional automovilística francesa, con tres fábricas en España, reaccionó a la apertura de la investigación y aseguró que sus motores respetan la legislación y no tienen dispositivos fraudulentos.
Una portavoz de la Fiscalía de París explicó que la investigación, que por ahora no señala a un presunto responsable, se abrió por "engaño sobre las calidades sustanciales y los controles". Se trata de determinar si los instrumentos que regulan las emisiones de los coches del grupo francés están programados para ocultar en las revisiones el volumen de contaminación que realmente emite el vehículo en condiciones reales de conducción. El posible fraude tiene el agravante de que los motores diésel objeto de las pesquisas son peligrosos para la salud de las personas y de los animales.
Un escándalo similar ya afectó a Volkswagen, que admitió el trucaje, y anteayer EE UU acusó de prácticas similares al grupo italiano Fiat y a su filial estadounidense, Chrysler, que las desmintieron.
Renault hizo hincapié en que no se trata de la misma investigación que la abierta a la alemana Volkswagen. En el origen de este procedimiento judicial está el que había iniciado el Servicio Nacional del organismo antifraude sobre Renault. En respuesta, la multinacional francesa señaló en un comunicado que sus motores respetan la legislación y "no están equipados con programas de fraude para los dispositivos de descontaminación". En 2015, los servicios antifraude franceses habían llevado a cabo registros en varias sedes de Renault para tratar de confirmar que esta marca no utilizaba, como la germana Volkswagen, mecanismos para dar informaciones engañosas.
En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Gobierno que haga públicos los informes relativos a las investigaciones que el anterior Ministerio de Industria y Turimo realizó desde diciembre de 2015 sobre emisiones de la industria automovilística.
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