El Gobierno protege por ley a los taxistas ante el avance de Uber y Cabify

El Consejo de Ministros blindó ayer, con su elevación a rango de ley, la limitación ya impuesta a la concesión de autorizaciones a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, de modo que se permite como máximo una autorización por cada 30 de taxi. La nueva norma deberá ser convalidada en el Congreso.

El decreto-ley se aprobó no obstante en víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie precisamente sobre esta ratio de 1 a 30 que limita los VTC frente a los taxis y que fue impuesta por vez primera en 2015.

El objetivo del Gobierno es "equilibrar el sector del VTC en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre ambos", según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. También pretende que el sector de las VTC tenga una "regulación homogénea" en todo el territorio nacional, ante la "proliferación" de diferentes iniciativas normativas en distintas comunidades y ayuntamientos para contener a los VTC.

Cabify dijo que el decreto-ley de ayer pretende "ganar el tiempo necesario" para que el sector del taxi se adapte al "nuevo modelo de movilidad" y a las nuevas formas de competencia. Uber lamentó que el Gobierno haya perdido, dijo, "la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo" y de "modernizar" la movilidad de las ciudades.

La asociación Fedetaxi señaló que la norma es "un triunfo final sobre el modelo que pretenden" plataformas como Uber o Cabify -que aún no operan en Asturias- pero la también patronal Antaxi se desmarcó de Fedetaxi al considerar que la decisión del Gobierno es un "parche" que "no ofrece soluciones reales".