"El Gobierno no va a cerrar por decreto centrales de carbón", asegura el secretario de Estado de Medio Ambiente, el lenense Hugo Morán, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. Ahora bien, el Ejecutivo tampoco va a impedir que las eléctricas clausuren las térmicas "en el ejercicio de su libertad de mercado", con lo que no habría vuelta atrás para el anunciado fin de la central de Lada y el presumible cierre de Narcea. A partir de 2020 quedarían, como grandes centrales de carbón en Asturias, Aboño II y Soto de Ribera III dentro de un escenario en el que, según apunta Morán, se pretende incrementar potencia renovable y que no haya una sobrecapacidad que eleve los costes. Si unas tecnologías entran, otras tendrán que salir. Las zonas afectadas tendrían ventaja para alojar renovables.

El calendario. Morán, también secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, asegura que El Gobierno "no tiene fijada una fecha de cierre de térmicas de carbón" a pesar de las declaraciones de la ministra Ribera en las que señalaba 2025. "El Gobierno está condicionado por acuerdos internacionales que marcan los ritmos. A partir de ahí el tempo se irán definiendo en un proceso de diálogo y de acuerdo con las administraciones concernidas y los agentes económicos y sociales", apunta Morán.

Las primeras decisiones. El Gobierno de Pedro Sánchez se alineó con los países que reclaman unos objetivos de penetración de renovables más ambiciosos para 2030. "Si no alcanzas un nivel razonable en 2030 el objetivo para 2050 (descarbonización) será imposible", alega Morán.

Las eléctricas. El Gobierno tiene sobre la mesa hasta 11 informes de distinta procedencia con distintos escenarios de transición. "Tenemos información suficiente para acordar una hoja de ruta y tenemos los calendarios que definen las empresas y que responden a sus intereses", afirma Morán. La ministra Ribera señaló que de las 15 centrales de carbón de España 8 invertirán en medidas ambientales para cumplir la normativa europea de emisiones más allá de 2020 y otras 7 irán al cierre para esa fecha. "Aboño y Soto han hecho las inversiones para seguir adelante y otras no, pero son decisiones de las empresas", apunta el secretario de Estado. "El Gobierno ni va a cerrar por decreto térmicas ni va a impedir que se cumpla una normativa que marca la UE. Ni puede obligar a las empresas a cerrar ni puede impedirles que cierren en el ejercicio de su libertad de mercado", añade. La postura contrasta con la del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, que trató de activar un mecanismo para frenar clausuras. "En el marco europeo no existe un mecanismo que interfiera en la decisión de las empresas más allá de la garantía de seguridad de suministro. El anterior Gobierno utilizó una retórica interesada para provocar un debate artificial respecto a una cuestión que la UE tiene clarísima", afirma Morán.

El sistema. Con la potencia eléctrica instalada en España, "que más que duplica el pico de demanda", y con la entrada progresiva de renovables, si estas no reemplazan a las tecnologías convencionales "se incrementarán los costes del sistema". Si no hay reemplazo "una parte importante de la potencia podría estar parada, pero habría que pagarla, y Europa ha dicho que debemos limitar los pagos por capacidad".

El coste de la luz. Según diferentes estudios y la compañía EDP prescindir del carbón elevaría el precio de la electricidad un 12%. "No sé de dónde sale el cálculo. Hay estudios para cada tesis. La realidad es que el sector industrial ya tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa por el mix energético actual, el sistema de fijación de precios y la dependencia fósil del exterior", afirma Morán, que destaca la necesidad de adaptar el mercado a "un mix del siglo XXI con alta penetración de renovables" y acabar con "un sistema de fijación de precios marginalista en el que la última tecnología que entra, la más cara, marca los precios del conjunto y siempre es con una fuente importada".

La oposición en Asturias. Con respecto al rechazo a una transición exprés manifestada por el Principado, empresarios y sindicatos, Morán afirma que "cada región defiende sus intereses en función de lo que tiene" y el Gobierno central debe "defender los generales y que no haya ganadores ni perdedores".

Las compensaciones. Para los territorios afectados el Gobierno prevé "contratos de transición justa" por los cuales se favorece que la potencia convencional se sustituya por la renovable en las mismas zonas. "En las subastas se reservarán megavatios para esos territorios", señala Morán, que añade: "nunca ofrecimos otros fondos mineros".

El cierre de minas. "Habría que haber hecho mucho y no se hizo", afirma Morán, que ante las reclamaciones del Principado para que el Gobierno presione en Europa para evitar el cierre de minas este año se limita a afirmar que "el Gobierno de España ya está en una plataforma europea junto al Principado y otros regiones".

El gas. Se perfila como tecnología de transición, pero Morán no ve necesidad de nuevas infraestructuras, lo que resta oportunidades a la regasificadora de Gijón. "Cambiar una fuente de importación (carbón) por otra (gas) no es buena solución, la potencia saliente debe sustituirse por renovable".

El diésel. La ministra Ribera dijo "que el diesel tiene los días contados" y la industria del automóvil reaccionó con dureza. "Parece que vivimos aislados, los países de la UE llevan años dando señales en esa dirección y la Ministra se limitó a apuntarlo, no marcó un calendario de fin, pero ya se está produciendo el tránsito al coche eléctrico", dijo Morán.