Un avance, pero aún insuficiente. Así juzgaron ayer las asociaciones de jubilados y los sindicatos el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse "en base" al índice de precios al consumo (IPC), aunque sin precisar la fórmula que se va a adoptar. Los colectivos de pensionistas se toman el pacto como una batalla ganada, pero aspiran a más, a que todas sus reivindicaciones sean escuchadas. Entre ellas, que se blinden sus nóminas en la Constitución o que se definan nuevas vías de ingresos para hacer económicamente sostenible el sistema público. Por eso, estos grupos continuarán con las reivindicaciones en la calle. Las protestas volverán la próxima semana en Asturias con tres concentraciones convocadas por separado por asociaciones y sindicatos.

"El acuerdo nos da más gasolina a los pensionistas para seguir saliendo a la calle, porque vemos que nuestras reivindicaciones se van atendiendo. Merece la pena pelear", asegura Pepe Fuertes, portavoz de la Asociación de Pensionistas de Asturias (APA), que reconoce que el acuerdo para ligar las pensiones al IPC supone un "avance importante". Esta organización tiene previsto celebrar una concentración el próximo lunes, día 1 de octubre, frente al Ayuntamiento de Gijón. "El PSOE sabe que las protestas van a seguir porque los pensionistas o los futuros pensionistas no queremos vivir los últimos días con la angustia de saber si vamos a poder estar tranquilos", señala.

En una línea muy similar se expresa el líder de la Asociación de Pensionistas de Gijón (APG), Boni Arias: "Es un avance importante, pero nuestras reivindicaciones son más ambiciosas". Y añade contundente: "Seguiremos en la calle". Cada jueves esta organización celebra una concentración en la plaza del Ayuntamiento gijonés para exigir mejoras en el sistema de pensiones.

Las organizaciones de jubilados asturianos aplauden que el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo, secundado por todos los partidos políticos excepto ERC, vaya a acabar con cinco años (2013-2017) en los que la subida de las pensiones fue mínima. Estuvieron cuasicongeladas, con incrementos del 0,25% (salvo en 2014 para las inferiores a mil euros en 2013, que ser revalorizaron el 2%). "¿Quién nos va a devolver el poder adquisitivo que hemos perdido?", cuestiona la presidenta de la Federación de Mayores del Principado (Fampa), Dolores Sanmartín. No obstante, cabe precisar que la deflación registrada entre 2014 y 2016 hizo que los pensionistas ganaran capacidad de compra pese a la minúscula subida.

La ambigüedad del texto acordado en el Pacto de Toledo suscitó ayer recelos y críticas. Manuel Francisco Menéndez, dirigente del sindicato de pensionistas de UGT, señala: "Se han creado demasiadas expectativas con este acuerdo, pero la redacción es confusa y deja abierta a que las pensiones queden ligadas a más conceptos que el IPC". "Nuestras reivindicaciones van más allá del IPC, queremos garantizar el futuro de las pensiones y derogar el factor de sostenibilidad", explicó el sindicalista.

El principio de acuerdo de los partidos aún tiene camino por recorrer, ya que se trata de recomendaciones que el Gobierno deberá convertir en proyecto de ley y ser examinadas y aprobadas en el Parlamento. "Aún no hemos conseguido nada", remarca De Asís, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO. "Nuestras protestas no van a parar", agregó. La siguiente concentración que tienen programada los sindicatos, junto a la Fampa, será el 3 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Gijón.