11 de octubre de 2018
11.10.2018

La presión de la inspección de Trabajo permite regularizar un millar de empleos en Asturias

El Gobierno pone el foco sobre los contratos temporales y a tiempo parcial

11.10.2018 | 13:18
Antonio González (director de Empleo), Delia Losa e Isaac Pola.

La presión de la inspección de Trabajo ha permitido hacer aflorar desde agosto para acá 1.064 contratos temporales que se estaban usando de forma fraudulenta en fijos. El Ministerio de Trabajo puso en marcha en agosto un plan para tratar de hacer aflorar estas irregularidades en el que, según destacó la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, había dos objetivos. Por un lado, perseguir el abuso de la contratación temporal que se da cuándo se van encadenando contratos por obra por mas de cuatro años o ligando temporales durante más de dos años. Por otro, se puso el foco sobre aquellas compañías que tuvieran una tasa de temporalidad superior al 30%.

"Los resultados están siendo magníficos", señaló el consejero de Industria, Isaac Pola, que, indicó, que el objetivo del programa es el de "garantizar los derechos laborales y promover un empleo de calidad. Se persigue la dignificación del trabajo".

Fruto de este plan la inspección de trabajo han enviado 1.840 comunicaciones a empresas que, presuntamente, estaban incumpliendo la legislación. De ellas, 1.342 se referían a fraudes en la contratación y 498 a contrataciones a tiempo parcial. En total, afectaban a 2.540 trabajadores.

Los sectores en los que más está focalizado ese fraude es en la hostelería (aglutinó el 22,5% de los casos) y el comercio (19%).

En el Principado, el total de contratos temporales transformados (1.064) supone el 65% de los trabajadores afectados (1.627).

En cuanto a las contrataciones a tiempo parcial, las empresas "cazadas" procedieron a incrementar la jornada de 126 contratos, lo que supone el 13,8% de los trabajadores afectados (913).

Según Delia Losa, las que no hayan cumplido pese a las advertencias pueden ser sancionados. Las multas varían entre los 626 y los 6.200 euros, aunque, según precisó la jefa de la Inspección de Trabajo del Principado, Adelia García, el Gobierno está trabajando para modificar ese régimen sancionador.

Otra de las previsiones que tiene el Ejecutivo es el de incrementar sus efectivos que supondrá la contratación de 300 inspectores de trabajo en toda España. Lo que no está claro es cómo será ese reparto según las diferentes comunidades autónomas. "Algo caerá", señaló la responsable regional de la inspección de trabajo.

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