El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón la presentación de un "plan de acompañamiento" para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas por la clausura. No obstante, la normativa de cierre de instalaciones no incluye, de momento, ese requisito como obligatorio.
El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, anunció esta semana que 9 de las 14 centrales térmicas de carbón peninsulares echarán el cierre en junio de 2020 al no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfuración. Sólo seguirán abiertas As Pontes (La Coruña), Litoral (Almería), Los Barrios (Cádiz) y Aboño y Soto de Ribera (Asturias). Esas centrales "difícilmente permanecerán muchos años más en el mercado", señaló Domínguez, que prevé que cierren "de manera natural bastante antes de 2030.
Esta semana Endesa ratificó los cierres de Compostilla (León), que recibe la mayor parte de su combustible a través del puerto de Gijón, y Andorra (Teruel) y según la previsión del Gobierno, en Asturias tampoco superarán el horizonte de junio de 2020 las centrales de Lada, propiedad de Iberdrola, y Narcea, de Naturgy.
En referencia a esos cierres, y en concreto preguntada por los de Endesa, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que en la relación que ha tenido con compañías que tienen plantas de carbón siempre les ha dicho que cualquier decisión en materia de cierre de centrales "tiene que ir acompañada de un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad y el desarrollo económico de las zonas donde hay una gran dependencia de esas instalaciones" de generación eléctrica. "Endesa también lo sabe y en cualquiera de los escenarios en que estén trabajando estarán tomándolo en consideración", afirmó Ribera.
No obstante, en la normativa de cierre de centrales no figuran estos planes como requisito obligatorio. El único requisito para obtener el visto bueno es que la clausura de la central no afecte a la garantía de suministro energético. El PP trató de añadir a esa condición otras como que se tuvieran en cuenta el efecto en el precio de la electricidad o en la planificación energética y ambiental, pero fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria.
Esos "planes de acompañamiento" que cita Ribera tampoco aparecen desarrollados en el borrador del anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética que pretende sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese documento, dentro del capítulo de "Transición Justa", sí se hace referencia a los denominados "contratos de transición justa" que se suscribirán "con el objeto fomentar actividad económica que favorezca la empleabilidad de los trabajadores vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión deinstalaciones".
Esos contratos de transición justa, inspirados en los firmados en otros países como Francia, se articularán mediante convenios entre el Ministerio de Transición Ecológica (previo informes de los de Trabajo e Industria) y las administraciones públicas locales de las áreas geográficas vulnerables a la descarbonización. En ellos participarán otros afectados como empresas, sindicatos, universidades, centros educativos, asociaciones y ecologistas.
Los contratos incluirán una evaluación del estado de vulnerabilidad del territorio afectado; compromisos de las partes participantes en el contrato, incluidas las empresas beneficiarias de medidas de apoyo para la transición; medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para incentivar la adaptación de los trabajadores, supeditadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato, y un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.
Posición de la FSA-PSOE. El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, señaló ayer que "la postura de la FSA sigue siendo la misma: creemos que la transición energética es una realidad que hay que abordar, sabemos que está encima de la mesa, pero nosotros queremos una transición pactada, pautada y justa para personas y territorios" y en defensa de Asturias. Barbón apuntó que "la transición ya se ha empezado a pactar con el plan de la minería. Parecía que iba a haber graves problemas y hay un pacto con los sindicatos", informa M. C.
