Los servicios tributarios del Principado hacen cada año cerca de 3.000 comprobaciones de los valores declarados por quienes compran o heredan bienes inmuebles y están obligados a pagar los impuestos de transmisiones patrimoniales (los compradores) o de sucesiones (herederos). El resultado de tales comprobaciones supone con frecuencia que el contribuyente es obligado a tributar más a través de una "declaración complementaria" porque la Administración considera mayor el valor real que el declarado. Esto ocurre sobremanera en el caso de los bienes rústicos (prados y otras fincas de la zona rural).
Según los últimos datos que son públicos, el Principado hizo 1.366 comprobaciones de propiedades rústicas en 2017. El valor declarado total por los contribuyentes había sido de 28,5 millones de euros, pero el Principado estimó, a partir de sus controles, que el valor "real" era de 51 millones. Esto es, considerandos en conjunto, el Principado tasó esos bienes el 78,6% por encima de lo incluido por los propietarios en sus declaraciones (más propiamente, autoliquidaciones).
No es una brecha puntual, sino recurrente. Según informes del Ministerio de Hacienda, el "valor comprobado" por el Principado en los casos de prados y otros bienes rústicos fue en 2016 un 79,9% superior al declarado por los contribuyentes; en 2015 la diferencia fue del 60,6% y en 2014, del 79,3%. Con ello, frecuentemente la base imponible se disparó y con ello la factura fiscal.
Fuentes del Principado explicaron que, al menos en parte de los casos, las diferencias pueden tener como origen que se declaran como rústicas (no ubanizables) parcelas que en realidad tienen calificación urbanística de edificables. Al valorar los bienes rústicos, el Principado aplica un baremo que tiene en cuenta el uso del suelo (prado, monte alto o monte bajo) y la parroquia donde está.
