Pese a la caída del paro desde comienzos de 2014, y aun cuando el empleo ha vuelto a superar la cifra de 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social (en marzo se situó en algo más de 19,04 millones, sólo 152.283 por debajo del récord histórico de cotizantes, en 2007), el desempleo, junto con la deuda pública, siguen siendo los dos desequilibrios económicos más amenazantes para la sostenibilidad económica y social de España. A ellos se suma la cronificación de la desigualdad, con España con la cuarta tasa de inequidad más acusada en la UE, según Gestha, lo que ya fue puesto de manifiesto por la Comisión Europea y por la OCDE en sendos informes difundidos en marzo del año pasado, corroborando así apreciaciones de organizaciones no gubernamentales como Oxfam. También el FMI alertó en enero de 2017 en el mismo sentido: España es uno de los países en los que existe mayor diferencia de rentas de Europa.
Un decenio después del origen de la crisis, España se mantiene como el segundo país con más paro de la OCDE y de la UE, y, según apreciaciones de Funcas y otros analistas, sin que se haya atajado el paro estructural.
Así que toda la merma del desempleo desde 2014 se produjo por dos vías: la recuperación del ciclo y la caída de la población activa bien por el éxodo (entre 2012 y fines de 2015 cayó el censo de población) o bien por el simple efecto desánimo
Ahora se sigue creando mucho empleo (al mismo ritmo que la economía), lo que, amén de la aún alta tasa de temporalidad y precariedad, delata una escasa o nula ganancia de productividad de la economía española. Y esto supone un indicador preocupante como proyección futura, dado que es la productividad el verdadero factor de prosperidad a largo plazo. Esto denota a su vez la continuidad de otro rasgo prototípico de España: el país es un gran fabricante de empleo en las etapas de crecimiento y un gran destructor de puestos de trabajo en las crisis.
El superávit por cuenta corriente, gracias sobre todo al turismo (la balanza comercial de bienes sigue en negativo tras varias excepciones pasajeras en 2013 y 2016), ha permitido reducir la deuda externa y también ha mejorado la deuda privada, aunque ambas sigan siendo altas. Pero no ha ocurrido la misma con la pública. El descubierto presupuestario se ha reducido pero por el efecto del ciclo y no se ha actuado sobre el déficit fiscal estructural (que en realidad aumenta, como apuntó el BCE en abril), por lo que su rebrote vertiginoso es una probabilidad alta si se deteriorase la economía, y más con el déficit de las pensiones al alza, con la segunda mayor esperanza de vida del mundo y cuando, como escribió el 23 de abril el exministro del PP Álvaro Nadal, "se prometen incrementos de gastos públicos" (en algunos están de acuerdo todos los partidos) "y reducción de impuestos que no resisten la más mínima crítica aritmética".
Y esto cuando España, con el cuarto mayor déficit fiscal de la UE en 2018 (en 2017 aún tenía el mayor de la Unión) y la séptima deuda pública más alta en relación al PIB, persiste como el sexto país a la cola en recaudación tributaria, sólo superior a Letonia, Bulgaria, Lituania, Rumania e Irlanda. En España se criminalizan al gasto pero sólo hay 12 estados de 28 (Irlanda, Reino Unido, Chipre, Malta y ocho países excomunistas) con menor gasto público que el español en relación al PIB.
La prima de riesgo sigue cayendo (acaba de bajar tras las elecciones de los 100 puntos básicos) y el tipo de interés del bono, que estaba por encima del 1%, se situó el viernes en el ínfimo 0,98%. Pero el "rating" de España sigue peor que a fines de 2011, cuando se fue Zapatero.
