Las compañías siderúrgicas de México y Canadá han quedado eximidas esta semana de los aranceles con los que las había penalizado el Gobierno de EE UU en mayo de 2018 (un gravamen del 25%, el mismo que al acero europeo), lo que ha sido recibido con gran preocupación entre los fabricantes de la UE. La normalización de los flujos de producción siderúrgica entre los tres socios norteamericanos sin sobrecostes arancelarios entrañará un menor espacio para las importaciones de acero que recibe EE UU de otras áreas económicas y esto, en un mercado global con una sobrecapacidad estimada en unos 375 millones de toneladas anuales, se teme que va propiciar un aumento de los desvíos de excedentes a precios barato hacia Europa, señalaron fuentes del sector europeo del acero.
Canadá es el principal país exportador de productos siderúrgicos a EE UU (antes de los aranceles del 25% le vendía más de 5,67 millones de toneladas) y México es el cuarto, con más de 3,15 millones.
La entrada de productos siderúrgicos baratos procedentes de países extracomunitarios es la principal causa de la inestabilidad que está golpeando al acero europea, según fuentes patronales y del sector, seguida por este orden por la carestía de los derechos de emisión de CO2 y por el precio de la energía. En Asturias ya han supuesto un recorte de 700.000 toneladas para ajustar capacidades y márgenes, y ahora se teme que las condiciones se endurezcan.
Lo mismo ocurrirá con el aluminio, una vez que también este lunes la Casa Blanca ha exonerado a Canadá y México del sobrecoste del 10% en los aranceles que le impuso (el mismo que a Europa) el año pasado.
La siderurgia europea está a su vez amenazada (lo mismo que la nipona) por la posible imposición de tasas fronterizas en EE UU a los automóviles de la UE y Japón. El presidente Donald Trump ha postergado esta decisión seis meses (hasta noviembre) pero el sector siderúrgico teme que la incertidumbres siga retrayendo a la industria de automoción por temor a lo que vaya a decidir EE UU.
El levantamiento por Trump de las penalizaciones a las entradas en EE UU de acero y aluminio procedentes de Canadá y México (que en su día adoptó invocando la defensa nacional) se produjo por la fortísima presión de los gobiernos de los dos países socios, que amenazaron con no ratificar y vetar la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que ya se pactó y que deberá sustituir este año al TCLAN o NAFTA.
A su vez, Trump se encontró con una creciente protesta y malestar en las filas del Partido Republicano como consecuencia de las represalias de México y Canadá a productos estadounidenses por el mismo importe. Las penalizaciones mexicanas a las producciones agropecuarias de EE UU generaron mucho malestar en bases electorales rurales afines a los conservadores estadounidenses. Charles Grassey, senador republicano por Iowa, advirtió que no apoyaría el nuevo tratado comercial (que debe ser ratificado aún por las cámaras legislativas) si los aranceles seguían en vigor.
