El fiscal pide 10 años de cárcel para el ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y para otros dos exmiembros de la ejecutiva del sindicato -Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio- por hasta cinco delitos de fraude en subvenciones del Principado para formación. El ministerio público destaca que los tres llevaron a cabo, "en actuación concertada", una "operativa orientada al sistemático desvío" de parte de los fondos que recibió la central sindical y su fundación IFES entre 2010 y 2014 a través de sociedades vinculadas a ellas y a las que recurrían para organizar los cursos. El ministerio público calcula que las cantidades supuestamente defraudadas se elevan a 1,17 millones de euros. Para los tres acusados pide multas de esa cantidad y para el sindicato UGT Asturias multa de 244.028 euros y la imposibilidad de obtener ayudas públicas durante cuatro años.
Para llevar a cabo el presunto fraude, los acusados contaron con la "necesaria colaboración" del entonces delegado territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y varios empleados de las entidades implicadas y de la administradora de las empresas vinculadas al sindicato. Así, el fiscal pide también cuatro años y seis meses de cárcel para María Jesús Ocaña -que fue administradora de las sociedades Localmur y Formación 2020- como cooperadora necesaria de dos delitos de fraude y cómplice en otros tres; y solicita tres años y cuatro meses de prisión para el técnico de UGT Alberto González y la técnica de IFES Silvia Sariego como cómplices de cinco delitos de fraude de subvenciones.
La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta por la Fiscalía asturiana tras la investigación iniciada en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación por hechos similares en UGT de Andalucía. Por las reglas de prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones de los planes anuales de 2010 a 2014 concedidas por el Principado a UGT Asturias y a su fundación IFES, cuya delegación regional se encargó de la gestión y ejecución.
La Fiscalía considera que los acusados llevaron a cabo "una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos, que les permitieron obtener beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical". El desvío se llevaba a cabo "mediante diversos subterfugios" con los que lograban "enmascarar" los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían ayudas "ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían" en el alquiler de locales en Oviedo y en Navia, en equipamiento informático de aulas y en material didáctico.
La realización de ese "desvío sistemático" de fondos tuvo lugar, según la Fiscalía, mediante el aprovechamiento instrumental de los vínculos que UGT Confederal y UGT Asturias tenían con las sociedades Infastur, Localmur y Formación 2020, "a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas".
Operación inmobiliaria
Los beneficios obtenidos con los sobrecostes, añade la Fiscalía, fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales de UGT de Asturias, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada (Infastur, de la que era administradora la ex secretaria de Administración del sindicato Mónica Menéndez) para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades. En concreto el ministerio público cita una promoción inmobiliaria llevada a cabo por una cooperativa de vivienda vinculada al sindicato en la calle Belarmino Tomás de La Felguera. La operación había resultado deficitaria en cerca de 1,2 millones de euros y para equilibrarla los responsables de UGT de Asturias decidieron, según el fiscal, servirse de Infastur. Capitalizaron la sociedad mediante fondos desviados de subvenciones de formación y con ese dinero Infastur compró a la cooperativa de vivienda por 1,04 millones un local comercial en los bajos del inmueble.
Los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cifraba en 1.462.666 euros el dinero supuestamente desviado, pero hay que tener en cuenta que para la consideración de fraude en subvención se debe superar los 120.000 euros por convocatoria. En el caso de las subvenciones concedidas a IFES eso ocurrió en los planes de 2010 (231.466 euros) y 2011 (330.179 euros). Respecto a las concedidas a UGT ocurrió en los planes de 2010 (238.247 euros), 2011 (254.521 euros) y 2012 (122.028 euros). Por lo tanto el dinero defraudado sería de 1.176.443,41 euros. Además de penas de cárcel e inhabilitaciones, el fiscal pide para los acusados multas de las cantidades defraudadas.
