El Ministerio de Industria ya prepara la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva sin aclarar si va a aceptar las alegaciones que presentó el Gobierno de Asturias para tratar de que la rebaja de la luz para las grandes factorías de la región sea más intensa de la que recoge el borrador de la normativa. La ministra Reyes Maroto anunció ayer que la semana que viene el Consejo de Ministros aprobará el llamado fondo de garantía de 600 millones que irá ligado al futuro estatuto y que, por lo tanto, la nueva normativa, que acumula ya más de año y medio en tramitación, saldrá adelante "en cuestión de semanas".
El anuncio se produjo, además, mientras se producía un debate en el Congreso de los Diputados en el que ni el PSOE ni Unidas Podemos -los dos partidos que comparten el Gobierno nacional- llegaron a aclarar si iban a aceptar las alegaciones presentadas por Asturias a este estatuto. La discusión parlamentaria la había suscitado una preposición no de ley presentada por el Partido Regionalista de Cantabria -que en la comunidad vecina gobierna en alianza con los socialistas- para que se atendieran a las reclamaciones que se hacían desde el Principado, Galicia y Cantabria para que la futura rebaja de la luz fuera especialmente intensa para los grandes consumidores. Lo que el diputado cántabro que presentó la iniciativa José María Mazón definió como "hiperconsumidores eléctricos", y entre los que podían encontrarse compañías como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc
En el debate el PSOE y Podemos se movieron en las aguas de la ambigüedad. El diputado gallego del PSOE, Guillermo Meijón Cosuelo, aseguró que su partido estaba dispuesto a apoyar las reclamaciones de las tres regiones cantábricas. Pero con un matiz. Había que negociar antes, que esas modificaciones no fueran en contra de las normas europeas. No es la primera vez que los socialistas usan a Bruselas como escudo. En diversas ocasiones han puesto a la normativa comunitaria como justificación para no ser más intensos en la rebaja de la luz del futuro estatuto que reclama el Gobierno de Asturias. "Atenderemos a las alegaciones que cumplan con la normativa europea", zanjó Meijón. No obstante, el PSOE y Unidas Podemos tendrán que descubrir hoy sus cartas ya que para esta tarde está prevista la votación de esta proposición no de ley. La formación morada tampoco fue mucho más clara y no desveló cuál será su posicionamiento final. El diputado Juan Antonio López de Ugalde aseguró que "estamos de acuerdo con muchas de las propuestas realizadas, pero junto al PSOE queremos presentar algunas enmiendas". Lo dijo después de cargar con dureza contra Alcoa, a la que reprochó su falta de compromiso con España después de haberse embolsado mil millones de euros en ayudas en los últimos años. "A Alcoa se le han hecho trajes a medida con las subastas de interrumpibilidad, pero nada ha servido para retenerla y esas rebajas a la industria quienes las estamos pagando ahora somos los pequeños consumidores", reprochó.
En su defensa de la proposición no de ley, el diputado cántabro José María Mazón aseguró que el borrador del estatuto de las electrointensivas, tal y como está redactado ahora mismo, "está lleno de buenas intenciones, pero debemos de diferenciar a los grandes consumidores porque para ellos el precio que tiene ahora mismo la energía en España es inasumible y hay un peligro real de deslocalización", dijo. En su proposición también figura que se lleve a cabo una revisión de las retribuciones para la cogeneración cuyo recorte ya ha propiciado que empresas como Capsa o Maderas Siero renunciaran a los proyectos que en este sentido tenían en marcha. Para esto parece que sí que hay más acuerdo. Meijón aseguró que ya se está en negociaciones con esta industria para atender a sus reclamaciones.
A quien no le gustan las enmiendas que proponen Asturias, Cantabria y Galicia al estatuto eletrointensivo es a los nacionalistas vascos y catalanes. La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, aseguró que estos cambios premiarían a las grandes empresas y, por contra, penalizarían a las pymes vascas, que antes no se beneficiaban de medidas como el sistema de interrumpibilidad y ahora salen reforzadas en el borrador del estatuto al ampliarse el listado de factorías. "No se puede perjudicar a ninguna industria para favorecer a las más grandes", señaló. Mientras, Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) dijo que las alegaciones son un "parche" a un sistema que necesita de "un arreglo global".
Por su parte, la diputada del PP Elena Castillo López, reprochó a Ugalde que sus declaraciones sobre Alcoa son las que llevan a la deslocalización de las empresas industriales. "La desidia del Gobierno ha impedido la aprobación del estatuto electrointensivo, no hay nadie al timón", dijo. En la "inacción" del Ejecutivo en materia industrial también incidió la diputada de Ciudadanos, María del Carmen Martínez, que señaló que hacen falta medidas más "contundentes" de las que ya se han tomado sobre este sector. "Los actuales precios de la electricidad hacen inviable la actividad de las empresas industriales en España", apuntó la diputada naranja. Mientras que la portavoz de Vox, Patricia Rueda Perelló, aseguró que "la industria necesita certidumbre. El sector les habla y les hace reclamaciones (al Gobierno), pero ustedes no les escuchan".
