Suena el teléfono de una mierense y al otro lado habla un funcionario de la Consejería de Salud del Principado; le informa de que está apuntada a la bolsa de trabajo de la sanidad asturiana y le ofrece un contrato por un mes para trabajar en un centro de atención a enfermos de covid. La protagonista, en paro, acepta y se mentaliza para incorporarse al día siguiente, un tanto asombrada al rememorar que lleva más de diez años en la lista, desde que acabó el módulo de FP de cuidados auxiliares de enfermería, y que es la primera oferta que recibe en todo este tiempo.
Con algunas variaciones, esa escena habrá menudeado en estos meses de pandemia en los que las autoridades han reforzado las plantillas de los centros sanitarios, como también han hecho con frecuencia las residencias de mayores y otras instituciones y empresas dedicadas a esas actividades y a otras de servicios sociales, sean públicas o privadas. El rastro de ello aparece en las cuentas de la Seguridad Social: el número de trabajadores asalariados adscritos a la sanidad y a esos otros servicios comentados está en la cifra récord de 40.900 personas, casi tres mil más que hace un año. Y el tamaño de tal plantilla supera por primera vez el del empleo que generan las fábricas asturianas que conforman la industria manufacturera.
Esa especie “sorpasso” en las estadísticas laborales es una de las mutaciones que, transitorias o no, se están produciendo a consecuencia de la pandemia en la composición del empleo. Es fruto además de dos dinámicas opuestas: por un lado, la expansión del trabajo en la sanidad y los servicios sociales, resultante sobre todo de las contrataciones extra del sector público (con casi 60.000 empleados en noviembre, otro récord) ; por otro lado, el declive en la oferta laboral de la industria, deprimida en varios de sus subsectores medulares, particularmente en el metal.
Los “sin trabajo” de la hostelería: 12.500 parados, 13.300 regulados y 9.000 autónomos
Si ha sido cotidiana en este tiempo la escena de la incorporación de nuevos trabajadores a la sanidad lo ha sido también otra en la que un asturiano con dedicación al sector fabril recibe una llamada para comunicarle que pasa a la situación de ERTE o que este año no cuente con el contrato temporal por necesidades de la producción que otras veces le sacaba del paro. La huella estadística es la siguiente este caso: la industria manufacturera (sin incluir las minerías y el suministro de energía) tenía el pasado noviembre 38.289 asalariados, 1.914 menos que a la misma altura de 2019. Es como si hubieran cerrado dos fábricas del tamaño de la planta química de Du Pont. Y los números no recogen el impacto completo de la crisis en la medida en que los trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) constan como cotizantes aunque tengan sus contratos suspendidos o sus jornadas reducidas. Las empresas asturianas del metal tienen activos ERTE que afectan a 2.900 trabajadores, siendo el tercer sector con peor balance, por detrás del pequeño comercio (4.202) y la hostelería (13.371).
Ese último sector, el de los negocios de comidas y bebidas, presenta números dramáticos: ha perdido 4.000 empleos, tiene 12.500 parados, más de 13.000 trabajadores en regulación de empleo y casi 9.000 autónomos que en las últimas semanas han tenido sus negocios cerrados o con los ingresos bajo mínimos. En total, casi 35.000 personas que forman el colectivo de los “sin trabajo” dentro de la hostelería, denominación que un grupo de investigadores económicos vinculados a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha acuñado para agrupar a las personas alcanzadas por los distintos tipos de impactos laborales del covid-19. Cerca de 120.000 asturianos entrarían en esa categoría, entre trabajadores en paro o en regulación y autónomos con sus actividades y sus ingresos mutilados. Suponen por encima del 25% de todos los hombres y mujeres que constituyen la fuerza laboral de la región.
