El Principado está estudiando en firme la opción de tomar una participación accionarial en Duro Felguera para contribuir al rescate de la sociedad. La inversión sería temporal, al igual que la que se da por seguro que hará el Gobierno central a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aunque no se ha precisado la cuantía, las fuentes consultadas señalaron que sería una aportación “modesta” en relación a las necesidades de la ingeniería y las cifras que se manejan para el rescate pero “no insignificante”. “Se está valorando y discutiendo”, indicaron fuentes conocedoras.
La posible entrada del Principado en el capital de Duro es una petición planteada a la Administración regional por la SEPI como un aspecto complementario del diseño del rescate y con el que se pretende subrayar el carácter estratégico regional de la compañía como argumento justificador de su inclusión entre las sociedades susceptibles de ser ayudadas por el Fondo estatal de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas perjudicadas por la pandemia y que está dotado con 1.000 millones. Aunque se sopesa como posible inconveniente el precedente que podría crearse con la entrada en Duro, a favor se esgrime como argumento que la Administración regional ya participa en empresas privadas a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), aunque se trate de magnitudes muy inferiores.
La banca, clave.
La operación de rescate está ahora supeditada a que la banca acreedora de Duro (siete entidades) alcance un acuerdo definitivo con la empresa para reestructurar su deuda, refinanciar la sociedad y darle avales para que opere. Para la SEPI, que está a la espera de que se despeje ese extremo, ésta es una condición previa inexcusable para inyectar recursos públicos en Duro. Fuentes financieras señalaron a este diario que se está avanzando en los últimos detalles y que por parte de la banca hay plena disposición y total voluntad de cerrar el acuerdo en días. Las mismas fuentes financieras dieron por seguro el pacto.
Duro planteó a la banca pagarle anticipadamente 8,5 millones (el 10% de la deuda, que suma 85 millones) y convertir el 20% de los débitos en un préstamo participativo y el 70% restante en obligaciones. A su vez pidió a la banca que libere los 100 millones en avales prometidos en 2018 y cuyo riesgo estaría cubierto en el 50% por aseguradora estatal Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). La banca ya dio su compromiso de apoyo a Duro pero instó una mejora en las condiciones. Pide que Duro amortice no el 10% sino el 20% de la deuda (17 millones) y que Cesce cubra el 80% del riesgo de los avales. El objetivo de la banca es que su contribución al rescate no suponga un aumento de su exposición de riesgo total con la empresa. Con la cobertura de los avales en el 80% por Cesce, la banca aumentaría su riesgo en Duro vía avales en 20 millones, pero lo reduciría por otro lado en 17 millones si Duro amortiza el 20% de la deuda y no el 10%. Con ambas operaciones, la concentración de riesgo de los bancos en Duro aumentaría en términos netos en sólo 3 millones, a repartir entre siete bancos, que serán seis cuando Caixa Bank culmine la integración de Bankia.
La amortización de deuda es una decisión de Duro pero la asunción de mayor riesgo por Cesce recae de nuevo sobre el Estado, que tiene el 50,25% de la aseguradora. Un grupo de bancos (entre ellos, acreedores de Duro) controlan el 45,85%.
Negociación con inversores.
Medios financieros dijeron que para cerrar estos extremos podrían necesitarse aún algunos días, lo que en ese caso podría dilatar el rescate pero no mucho más allá de los primeros días de febrero. Todas las partes coinciden en no agotar en ningún caso el plazo máximo legal, fijado en el 28 de febrero, porque la situación de Duro demanda celeridad. “Hay voluntad de cerrar el acuerdo y las conversaciones son diarias e intensas con Duro”, dijo una persona del sector financiero. La dirección de Duro Felguera expresó ayer a consultas de este diario que “las negociaciones continúan pero que aún no se ha llegado a un acuerdo” con los acreedores financieros.
Aunque la SEPI no lo ha confirmado, se da por hecho que la aportación estatal se ajustará a la petición formulada por Duro o se acercará mucho. Duro pidió a la SEPI 120 millones: 30 como capital, 70 como préstamo participativo y 20 como crédito convencional. Bancos e instituciones públicas consideran imperiosa a su vez la entrada de uno o varios socios industriales bien de inmediato o a la mayor brevedad. Las conversaciones se están intensificando con potenciales inversores. “Se está hablando con muchos”, dijo una persona al tanto de los contactos.
