El precio del dióxido de carbono (CO2) está por las nubes y en julio está marcando sus máximos históricos. Este factor influye directamente en el mercado mayorista de la electricidad, que a su vez repercute en la factura de la luz de los consumidores domésticos y empresariales y, principalmente, en el de las grandes industrias, en las que la energía consumida llega a representar el 70% de la factura. Y Asturias es una potencia dentro de España en industria electrointensiva.
En lo que va de julio, el precio medio del CO2 en el mercado del carbono se ha situado en 56,61 euros y el pasado lunes se alcanzó el nivel más alto de la historia con 57,77 euros. A pesar de que, desde entonces, se ha producido un descenso (que los analistas vinculan con rumores sobre posibles reformas de la UE en el mercado para frenar la volatilidad de los precios) la media de lo que va de julio supera las cifras de cualquier otro mes. Los 56,61 euros de este julio contrastan con los 27,4 euros del de 2020.
Detrás de esta subida está la ambición climática de la UE –que ha elevado su objetivo de reducción de emisiones hasta el 55% en 2030 lo que hace presagiar a los compradores de bonos que la oferta de derechos de emisiones se reducirá más de lo previsto–; la entrada del mercado en una nueva fase más restrictiva con menos derechos gratuitos para la industria, y el creciente protagonismo de los fondos de inversión y entidades financieras, que entran en el mercado del carbono con fines especulativos.
El alto precio del CO2, sumado al fuerte encarecimiento del gas y a los precios de oportunidad que presentan las eléctricas, están detrás de la escalada del precio mayorista de la luz en España, que prosigue en este mes de julio. La gran industria electrointensiva, en la que la energía consumida llega a representar el 70% de la factura que tiene fuerte presencia en Asturias, es la más afectada por ese encarecimiento. Eso llevó al Gobierno de España a anunciar el pasado mes un incremento de 100 millones de euros en las compensaciones a la industria por costes indirectos de CO2. Ese dinero, que de momento sigue siendo una promesa, se sumará a los 79 millones de euros que están incluidos en los presupuestos generales del Estado.
En total habrá 179 millones de euros, de los que unos 30 millones corresponderán a la industria asturiana si se mantiene el reparto de las anteriores anualidades. No obstante, desde el Gobierno del Principado, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO de Asturias se insiste en la necesidad de que las ayudas lleguen al máximo que permite la UE, que es el equivalente al 25% del dinero recaudado en las subastas de derechos de emisión de CO2. Con ello, la partida de las compensaciones se elevaría a 240 millones de euros.
