El Congreso convalidó ayer el real decreto-ley para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural tal como estaba, con un fuerte recorte de los beneficios que obtienen las eléctricas como exigía Unidas Podemos. Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció ayer en su intervención en el Congreso que se van a introducir modificaciones para no aplicar esos recortes a las eléctricas que garanticen a la industria unos precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. En concreto, Ribera apuntó que en las próximas semanas se complementarán las medidas del real decreto-ley con otras adicionales “para cubrir contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales”.
El encuentro que Ribera tuvo el miércoles con los dirigentes de las principales eléctricas y, sobre todo, las advertencias lanzadas anteayer por el PNV –que condicionó su apoyo a los presupuestos a un “retoque” del real decreto-ley para que los recortes en las eléctricas no repercutan en la industria después de que Sidenor haya anunciado un parón por el elevado precio de la luz– han producido un cambio de rumbo en el Gobierno que ni se intuía hace dos semanas cuando Asturiana de Zinc ya anunció que reduciría su producción en las horas punta por el precio de electricidad.
La ministra Ribera incluso comentó ayer en los pasillos del Congreso que la afección a la industria está siendo “más alta de lo que pensábamos” y añadió que el Gobierno va a trabajar para que “pueda haber otras alternativas para comprar y adquirir electricidad a un precio que no tenga nada que ver con el del mercado mayorista”. Dijo que llevan tiempo trabajando con la industria y las empresas energéticas para que éstas ofrezcan contratos a precio fijo y por debajo del mercado mayorista, “precios como los que existían en el mercado eléctrico antes de la espiral de precios del gas”, señaló Ribera.
Trabajamos para que pueda haber otras alternativas para comprar y adquirir electricidad a un precio que no tenga nada que ver con el del mercado mayorista
Respecto al impacto que podrían tener las exenciones a las eléctricas que ayuden a la industria –el Gobierno prevía en septiembre recaudar 2.600 millones con el recorte de beneficios– la Ministra indicó que dependerá de la “la información que aporten las eléctricas de los contratos y los precios a que venden la electricidad”. También sobre qué beneficios extraordinarios están obteniendo las eléctricas y a qué precio están produciendo. Ribera señaló que en la recaudación por la minoración de beneficios no sólo influirá lo que justifiquen la empresas, pues la otra variable, el precio del gas, también ha cambiado “radicalmente”. Destacó que el Ministerio estimó, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que el gas alcanzaría los 60 euros/megavatio hora (MWh) en diciembre y se mantendría así hasta marzo para caer después, pero la realidad es que la semana pasada llegó a los 180 euros/MWh.
En el pleno del Congreso, Ribera dijo que las previsiones de septiembre, cuando el Gobierno aprobó el real decreto-ley, han quedado desfasadas un mes después, por lo que habrá que revisar las medidas y adaptarlas.
El real decreto-ley por el que se recortará a las eléctricas durante seis meses los beneficios que obtienen en el mercado por los altos precios del gas fue aprobado en el Congreso con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, y las abstenciones del PNV y de Junts per Cat.
