El real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado lunes para adaptar el impuesto de la plusvalía a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre entrará en vigor hoy tras su publicación en el BOE. De esta forma se pone fin a un periodo de 15 días de vacío legal en el que los contribuyentes han gozado en la práctica de exención fiscal y en el que, además, muchos asturianos han presentado recursos contra el cobro del tributo con el método de cálculo que ha tumbado el Constitucional.
Los expertos coinciden en que las operaciones entre el 26 de octubre y ayer quedarán exentas y tienen dudas con los pagos de las liquidaciones anteriores a la fecha del fallo que no se hubieran efectuado pero que estén dentro del plazo legal.
El ovetense Jesús Gutiérrez-Tuya, delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Asturias, señaló que en las asesorías de la región no se ha notado en los últimos días un incremento de actividad vinculado a operaciones de compraventa para aprovechar el periodo transitorio de exención fiscal, pero sí para presentar reclamaciones contra el pago del tributo con el anterior sistema de cálculo de la base imponible que tumbó el Constitucional. A pesar de que la sentencia limita las reclamaciones a aquellos contribuyentes que tuvieran abierto un recurso antes del fallo, muchos han presentado ahora reclamaciones para no perder opciones de devolución del tributo ante una posible revisión del fallo por parte de los tribunales europeos. “En el caso de las autoliquidaciones que están dentro del periodo de revisión (cuatro años) hay dudas sobre si son susceptibles o no de impugnación y en esos casos se están presentando muchas reclamaciones en Asturias”, apuntó Jesús Gutiérrez Tuya, que destacó el hecho de que, por el momento, la sentencia del Constitucional aún no se haya publicado en el BOE.
Lo que si está en el boletín oficial desde ayer es el real decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado lunes para adaptar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la nueva jurisprudencia del Constitucional sobre el impuesto de la plusvalía. El decreto establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa. En concreto, los ciudadanos podrán optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto, pero deberá ser el interesado quien lo acredite aportando los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva facultad que se otorga a los ayuntamientos.
Los coeficientes
Con este decreto, el Gobierno plantea unos nuevos coeficientes máximos que se aplicarán sobre el valor catastral y que se actualizarán con carácter anual a través, por ejemplo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En función del año de adquisición del inmueble, los coeficientes oscilan entre el 0,45% para las compras realizadas hace 20 años o más; el 0,08% aplicado para las adquisiciones de los años de la crisis financiera (2008 a 2012); o el 0,14% para las ganancias obtenidas en menos de un año, para penalizar las operaciones de corte “especulativo”. Los ayuntamientos podrán rebajar estos coeficientes en sus nuevas ordenanzas fiscales. Tienen un plazo de seis meses para hacerlo, y hasta que lo hagan se aplicarán los coeficientes máximos.
El Gobierno defiende el uso del decreto: “No se altera se manera relevante la presión fiscal”
El Gobierno justifica el polémico uso del decreto, y no de una ley, para reformar el impuesto de la plusvalía, acudiendo a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, a la que cita profusamente enel texto de la medida. El Ejecutivo sostiene que la aprobación de la norma era de extraordinaria y urgente necesidad y que el instrumento elegido no altera sensiblemente la posición del contribuyente: “Cabe afirmar que las medidas tributarias contenidas en este real decreto-ley no vulneran el artículo 31 de la Constitución ya que (…) no alteran de manera relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario”.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, mostró ayer su satisfacción por el decreto ley porque la antigua normativa era “una ley de abuso”. “Debo mostrar mi satisfacción porque yo pedí la reforma de la ley de plusvalías en el año 2015, en tanto que accedí a la presidencia de las FEMP porque veíamos que era una ley inconstitucional, era una ley de abuso”, dijo Caballero. “Había veces que el conjunto de la ganancia de los ciudadanos se quedaba en impuesto, y por lo tanto era un impuesto confiscatorio, por eso pedí al Gobierno del PP que cambiase la ley”, añadió tras destacar que fueron necesarias tres sentencias del Tribunal Constitucional, pero que “felizmente” ya se ha cambiado y la nueva normativa contempla “un buen sistema”. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), señaló ayer que ve con “cierta esperanza” la modificación del impuesto de la plusvalía aprobada por el Gobierno central. El regidor ovetense explicó que la propuesta puede contribuir a que esa pérdida “tan importante” de recursos tras la declaración de inconstitucionalidad del tributo, “se palie un poco”.
