Los grupos socialdemócrata, popular y liberal en el parlamento europeo alcanzaron ayer un pacto sobre el proceso de reducción y supresión del reparto de derechos gratuitos de CO2 a la industria, vital para el sector fabril asturiano. El acuerdo supone una solución intermedia respecto a los planteamientos y calendarios que se habían anunciado por parte de la Comisión Europea y de los comités de Medio Ambiente e Industria de la cámara legislativa.
El pacto, que se llevará a la nueva votación prevista para la próxima semana al pleno del Europarlamento, sitúa la supresión de los derechos gratuitos de emisión de CO2 en 2032, tres años antes de lo que propone la Comisión Europea (fin de 2035) y dos en relación a la fecha (2034) por la que abogó la semana pasada en el pleno del parlamento el comité de Industria de la cámara. Sin embargo, posterga el fin de los derechos gratuitos en dos ejercicios respecto a los planteamientos más exigentes del comité de Medio Ambiente del parlamento, que abogaba por 2030.
A su vez, la propuesta de los tres grandes grupos parlamentarios demora la entrada en vigor del recorte hasta 2027, lo que supone un aplazamiento de dos años respecto a la pretensión del comité de Medio Ambiente y de un año en relación tanto a la aspiración de la Comisión Europea como a la alternativa que defendieron algunos diputados en el pleno de la última semana.
Con ello, la iniciativa de los tres grupos ralentiza la reducción del reparto de los derechos hasta 2032. El pacto, de prosperar la semana próxima en el pleno del Parlamento como es previsible que ocurra, supondrá elevar el 13% los derechos que podrá recibir el sector fabril en 2027 respecto al recorte inicialmente considerado por la Comisión Europea para ese año (se mantendrán el 93% del volumen actual), el 14% en 2028 (en ese ejercicio los derechos gratuitos menguarán hasta el 84%) y el 9% en 2029, cuando se situarán en el 69%. La iniciativa supondrá, según las tres grandes formaciones políticas, “un respiro para la industria” porque “tendrá un mayor margen de maniobra”, aun cuando el horizonte temporal del fin de las emisiones gratuitas se anticipa. El eurodiputado asturiano Jonás Fernández dijo que es “un acuerdo muy positivo”.
El pacto amplía los sectores que van a ser protegidos de la competencia procedente de países que no soportan costes por la emisión de CO2. El llamado “arancel ambiental” abarcará a los polímeros, química orgánica e hidrógeno, que se suman así a los del cemento, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad.
Las fábricas temen un nuevo "golpe" en la factura eléctrica
P. Castaño
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española –a la que pertencen las patronales de sectores con fuerte peso en Asturias como el de la siderurgia (Unesid), el papel (Aspapel), la química (Feique), la alimentación (FIAB) o el cemento (Oficemen)– considera que la aprobación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico en sus actuales términos supondría asestar un golpe de 2.500 millones a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos. La industria española no entiende que el Congreso reactive "en el peor de los momentos" su tramitación, "cuando las medidas como el mecanismo de tope no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos desbocados".
